Falla gobierno en evitar oneroso cobro del SAT
El TFJA desestima argumentos estatales para evitar pago de 1,615.1 mdp en ISR retenido en el gobierno de Carreras López
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La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó los argumentos del gobierno del estado dentro de un proceso mediante el cual buscaba evitar el pago de mil 615.1 millones de pesos acumulados en cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidas durante el ejercicio 2018 a burócratas por el gobierno de Juan Manuel Carreras y que no fueron enteradas al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Acciones de la autoridad
El pasado miércoles, la Sala Superior del STJE aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Eduardo Santillán Pérez, dentro del juicio contencioso administrativo 2032/24-25-01-4/254/26-PL-01-04, que proponía desestimar los argumentos del gobierno estatal, parte actora, contra el cobro del SAT.
El TFJE tramitaba una resolución impugnada, emitida en cumplimiento a un recurso de revocación declarado fundado en el que se ordenó la emisión de una determinación en la que se valoraran las pruebas aportadas por el gobierno potosino.
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Detalles confirmados
Sin embargo, indicó el magistrado, la administración estatal no pudo probar que eran aplicables las causas de improcedencia del fallo adverso.
El proyecto consideró que los argumentos gubernamentales resultaron "inoperantes e infundados por diversos motivos".
El Ejecutivo potosino no logró desestimar el presunto incumplimiento de un plazo de emisión del fallo ni probó que era posible exentar de cobro que alegaba.
"Los argumentos del actor se calificaron como inoperantes medularmente porque no existió la omisión de valoración de pruebas señaladas en el escrito inicial de demanda" dice el proyecto.
En cambio, si se probó que el gobierno potosino no acreditó el cumplimiento del requisito de generalidad exigido por la Ley del ISR y se evidenció la existencia de requerimientos para que estuviera en posibilidad de subsanar las irregularidades detectadas.
En su fallo, el tribunal administrativo federal determina que el gobierno estatal no probó los extremos de su pretensión, por lo que reconoce la validez de la resolución que ordena el pago del millonario adeudo.
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