Piden acción penal contra funcionarios del caso Rich

Padres de los dos jóvenes fallecidos en el accidente del 7 de junio de 2004 en el antro Rich, denuncian que la Fiscalía General del Estado, se ha negado a integrar carpetas de investigación, en contra de los funcionarios públicos que se encontraban en su cargo el día del percance esto a pesar de los fallecimientos.

Rodrigo Espinoza y su esposa, padres de Roy, y Juan Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro Infante Puente, ambos estudiantes fallecidos en el accidente, precisaron que por separado han dado seguimiento a la muerte de sus hijos y a la responsabilidad de los servidores públicos y los dos han solicitado que el ministerio Público pida el ejercicio de la acción penal, en contra de quienes resulten responsables tanto de la alcaldía de la capital como del Gobierno del Estado, por las diversas formas de intervención ya sea por acción o en su caso por omisión.

Ramón Infante denunció que trataron de inventarle un proceso ilegal (es ciudadano y no funcionario público) para tratar de silenciarlo, hecho que ha afectado a las víctimas.

Los padres de Roy entregaron de manera directa una carta de petición a la titular de la Fiscalía General, Manuela García Cázares, para que ahonde en las investigaciones y que dé con los responsables, a quienes se sumaron con anticipación Ulises, Francisco y Nancy Aurora, responsables directos de la operación del antro el día del accidente.

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Los padres de ambos jóvenes advirtieron que en San Luis Potosí, los funcionarios están por encima de la ley, porque a más de un año, la fiscal general del estado no ha llamado a los funcionarios copartícipes de la negligencia a rendir cuentas. En una carta enviada a la fiscal, Manuela García Cázares, exigieron que además de valorar la responsabilidad de los particulares ya sujetos a proceso, abran un proceso que hasta ahora no existe, para solicitar el ejercicio de la acción penal contra los servidores públicos encargados de otorgar permisos, supervisar medidas de Protección Civil irregular la venta de bebidas alcohólicas. 

Recordaron que la carpeta de investigación ya abierta incluye un resolutivo de la contraloría interna municipal de la capital, establece la responsabilidad de diversos servidores públicos municipales por falta de supervisión y control, eso nada más lo que se refiere a funcionarios municipales.

Los padres de Roy, uno de los jóvenes fallecidos, exigieron públicamente a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que amplíe las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el fatal incidente.

La carpeta de investigación CDI/FGE/D01/20181/2024, quedó abierta con la detención de Ulises, Francisco y Nancy Aurora como personas directamente responsables, pero además de la responsabilidad que se puede imputar a los particulares, consideran que es necesario juzgar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de otorgar permisos, supervisar medidas de protección civil y regular la venta de bebidas alcohólicas.

“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir”, señalaron los padres en un escrito entregado a la Fiscal General.

Contraloría ya documentó omisiones

En la misma carpeta de investigación se incluye la resolución de la Contraloría Interna Municipal, que establece la responsabilidad de diversos servidores públicos por la falta de supervisión y control. A pesar de ello, ningún funcionario ha sido llamado a declarar.

“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar lo que los propios antecedentes del caso demuestran”, advierten en su carta, padre y madre de Roy.

“El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”.

Los padres recordaron que el homicidio es un delito que se persigue de oficio, lo que obliga a la Fiscalía a continuar las investigaciones sin limitarse únicamente a los particulares.

“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley.”

“A nuestro hijo Roy no lo devolverán, pero el silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice. Exigimos verdad, justicia y memoria. Que esta tragedia no quede impune”, concluyeron los padres en el escrito que ya está en manos de la fiscal Manuela García Cázares.