Somos cuestiona criterio del Ceepac

Somos cuestionó ante la justicia electoral federal el criterio con el que perdió su inscripción en San Luis Potosí y el financiamiento público estatal, al señalar que Morena recibió recursos antes de competir en su primera elección local, en 2015, bajo una disposición legal que considera equivalente a la que ahora se aplica en su contra.

El partido presentó un juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), emitida el 9 de octubre tras una impugnación de Morena, que revocó su inscripción y dejó sin efecto los recursos asignados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Uno de los argumentos centrales es que se le exigió haber obtenido al menos 3 por ciento de la votación en la elección anterior, pese a que SOMOS aún no existía. También sostiene que la revocación de su inscripción careció de sustento, pues entregó oportunamente la documentación sobre la integración de su comité estatal, reconocida posteriormente por el Instituto Nacional Electoral.

Como antecedente, SOMOS señala que Morena recibió más de 3.2 millones de pesos de financiamiento público estatal en 2015, antes de participar en su primera elección local. "Cuando Morena llegó a San Luis Potosí le dieron financiamiento público sin haber participado en una sola elección. Hoy pretende que a Somos se le niegue ese mismo derecho. ¿Con qué cara exigen lo que ellos nunca tuvieron que cumplir?", cuestionó Xavier Nava Palacios, presidente estatal del partido.

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Nava Palacios agregó que "la ley no puede cambiar dependiendo de quién esté en el poder ni los tribunales convertirse en instrumentos para eliminar a la oposición". La demanda, presentada por Cecilia Guadalupe Soto González, secretaria general y representante legal nacional de Somos, y Alicia Nayeli Vázquez Martínez, representante suplente ante el Ceepac, solicita revocar la sentencia, mantener la inscripción del partido y restituir el financiamiento público estatal que legalmente le corresponda.