Opacidad pega a búsqueda de desaparecidos
Autoridades estatales no informan a familiares avance de trabajos, denuncia Voz y Dignidad
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció presuntas irregularidades en el manejo de fosas comunes y clandestinas, así como falta de información oficial sobre los avances en la localización de personas desaparecidas, situación que —aseguran— ha obstaculizado directamente el trabajo de las madres buscadoras en el estado.
Denuncian opacidad en Fiscalía General de San Luis Potosí
La vocera del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, acusó a la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, de haber mantenido una política de opacidad durante los dos años que lleva al frente de la institución. Señaló que, pese a que las autoridades aseguran avances, no se ha entregado a las familias un informe general que permita dar seguimiento real a los casos.
Pérez Rodríguez cuestionó la falta de reportes consolidados sobre hallazgos relevantes, al mencionar que en un punto conocido como Laguna del Mante se habrían localizado decenas de prendas, entre ellas alrededor de 45 bóxers, sin que exista información pública sobre posibles identificaciones o peritajes. Subrayó que estos indicios podrían ser clave para ubicar a personas desaparecidas.
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Fosasa clandestinas y omisiones en registros oficiales
La activista también denunció la existencia de una fosa común en el panteón de El Saucito con más de 600 cuerpos inhumados —según su dicho— sin necropsia ni registros completos, lo que consideró una grave omisión institucional.
En el municipio de Ciudad Valles, afirmó que desde septiembre del año pasado se han detectado al menos 15 fosas clandestinas o "zonas de exterminio", donde se han encontrado fragmentos óseos humanos y prendas de vestir, lo que evidenciaría la magnitud del problema en la Huasteca.
La vocera acusó que algunos procedimientos realizados por la Fiscalía podrían no ajustarse a los protocolos establecidos.
Según dijo, "esta incertidumbre jurídica dificulta que las familias puedan exigir rendición de cuentas".
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