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En su discurso de toma de posesión, emitido el 26 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona aseguraba que había recibido de la administración de Juan Manuel Carreras López una deuda pública bancaria de cuatro mil millones de pesos, a los que se sumaban otros 16 mil millones de pesos en pasivos diversos, para sumar 20 mil millones de pesos en obligaciones totales.
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Una de esas afirmaciones estaba equivocada y la otra, nunca la probó.
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De acuerdo a la última cuenta pública de la pasada administración, el adeudo bancario ascendía a tres mil 609.2 millones de pesos.
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De los 16 mil millones restantes, no surgió evidencia documental que la respaldara.
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Cinco años después, con documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, es posible afirmar que este gobierno tiene, a un año de terminar, un pasivo que llega a la mitad del monto que achacaba a su antecesor.
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Entre los pagos pendientes a proveedores y contratistas, pero sobre todo por la adicción a los créditos quirografarios, la deuda pública potosina supera los diez mil millones de pesos.
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Con un año en el reloj de arena del gobierno gallardista, parece muy difícil que logre dejar el indicador en sumas menores a las que recibió.
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Además de una cuestión económica polémica, el asunto, bajo la óptica del 2027, se vuelve un riesgo electoral.
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El reloj de la deuda pública ya está en cuenta atrás.
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La permanencia de Enrique Dahud Uresti, presidente estatal en funciones del PAN, como funcionario municipal era insostenible.
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En medio de un escenario de pugna permanente contra el gallardismo, su inclusión en la nómina del gobierno de Enrique Galindo Ceballos, le abría un amplio frente que era casi imposible de defender.
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Como munición política electoral, era imposible que el Verde se resistiera a utilizarla. Y con razón, pues ligaba al Ayuntamiento con un dirigente partidista por la vía de la nómina.
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La separación del cargo era una decisión no sólo esperada, sino obligatoria. Sin embargo, quedan en el aire algunas dudas.
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¿A quién se le ocurrió incluirlo, y mantenerlo, en la nómina municipal bajo la figura de pago por honorarios? En julio, Verónica Rodríguez hizo efectiva su licencia a la dirigencia nacional, dejando a Dahud Uresti como secretario general en funciones de presidente.
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Por la información mediática difundida en el caso, en junio aparece en la lista de pagos, es decir, antes de que escalara en la jerarquía estatal panista.
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Una vez que se hizo pública esta relación contractual, ¿por qué ni él ni el Ayuntamiento actuaron de inmediato y cortaron de tajo ese vínculo? Es comprensible que quisieran justificarla, pero mediáticamente, el golpe ya estaba dado. Mantenerlo fue contraproducente.
