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Preguntas y respuestas
Ante la diferencia notoria en las cifras de asesinatos que reportan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí en San Luis se enredaron en una fútil e inexacta justificación.
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En un dramático contraste, en el gobierno federal le van a entrar a una investigación para determinar por qué el primer organismo ha venido contando muchas más víctimas que las reportadas por la dependencia de seguridad.
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A nivel nacional, el Inegi reportó cinco mil muertes violentas más que las reconocidas por el SNSP. En San Luis, la diferencia fue de poco más de 170 muertes.
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El gobernador Ricardo Gallardo se enredó aquí con un intento de explicar esa diferencia, que resultó fallido porque cayó en la imprecisión de afirmar que el conteo incluía las muertes por accidentes, cuando el Inegi establece en su metodología que diferencia ambos rubros.
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Ayer en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada sobre el tema, a propósito de que medios nacionales abordaron ese tema.
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En lugar de esconderse en pretextos, la mandataria indicó que existe una mesa de diálogo integrada por las dos dependencias para encontrar el origen de esa discrepancia. Anunció que sus resultados serían públicos.
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Es inocultable la sospecha de que las fiscalías estatales son las responsables de la falta incongruencia de las cifras, en un intento de ocultar la verdadera gravedad de los homicidios y de sacar raja de estas bajas artificiales, promovidas con fines propagandísticos.
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Habrá que ver si la Presidencia de la República llega a algo concreto, pero reconocer el problema siempre es mejor que caer en imprecisiones para desestimarlo.
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Hablando de contradicciones en materia de inseguridad, entre 2023 y 2025, la cuenta global de delitos que afecta a negocios ha ido a la baja, lo que también es materia de un discurso oficial triunfalista.
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Los robos a negocios, sobre todo, presentan bajas importantes en las cifras del SNSP, que, se remarca, son cifras de la FGE.
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Pero, de nuevo el Inegi, rompe el panorama favorable con una encuesta de victimización empresarial que revela que, en sentido contrario a la baja en la incidencia, las pérdidas en negocios a causa de las acciones delictivas, se elevaron 30 por ciento entre los dos años, que en metálica equivale a un alza de más de 800 millones de pesos.
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Si la disminución estadística de los delitos es real, la comparativa demuestra que ha servido de poco para evitar que el crimen desangre financieramente a la planta productiva.
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La otra posibilidad es que, como en el caso de los homicidios, nos encontramos entre otro caso de maquillaje estadístico.
