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La elección de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Anticorrupción no sólo tuvo como tema polémico el que un personaje emanado del gallardismo va a ser el encargado de revisar que el gobierno bajo control de esa misma corriente no incurra en corruptelas.
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El Congreso del Estado se hizo bolas con el conteo de votos para formalizar la designación de Pérez Álvarez en el cargo.
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En marzo de 2026, el propio Legislativo aprobó varias reformas a la Constitución local para homologar la definición de la mayoría calificada en algunas de las votaciones más relevantes que deben realizar los diputados.
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El cambio fue que en lugar de requerir las dos terceras partes de los 27 integrantes del Congreso, se tomarían en cuenta los diputados asistentes.
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Lo anterior está relacionada con la sesión de ayer que se realizó la elección. Faltaron 6 legisladores, 5 de Morena y uno del PRI, dejando 21 asistentes.
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Para sacar la elección eran necesarios 14 votos. Al final, se superó esa cifra, con 17 votos y cuatro nulos.
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Pero al final, se contaron 18 votos efectivos, es decir, uno más.
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¿De dónde salió ese voto extra? No se explicó en la sesión, pese a la gravedad de las dudas que detonaba ese misterioso sufragio.
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Quizá alguien se confundió con las definiciones de la mayoría calificada y pensó que los 17 votos favorables se quedaban cortos en el caso de que fueran necesarios 18 sufragios, agregando uno más para alcanzar ese requisito.
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El episodio expuso las deficiencias de técnica legislativa en el Congreso. Lo que en esta legislatura no sorprende.
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Ayer, el gobierno estatal presumió que, otra vez, había logrado una cuenta pública, en este caso, la de 2025, sin observaciones. De nueva cuenta, mintió.
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El comunicado oficial omite mencionar varias observaciones hechas a la nómina educativa financiada con recursos federales, el FONE, que obligaron a la SEGE a devolver casi diez millones de pesos.
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Pero también omitió admitir que el proceso de contratación de la millonaria deuda quirografaria del gobierno del estado tuvo varias anomalías que forzaron incluso a una investigación de la Fiscalía General del Estado, ordenada por la Auditoría Superior del Estado.
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La deuda de corto plazo no fue reportada bajo los requisitos de contabilidad pública federal y eso fue observado por el órgano fiscalizador.
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Hablando de la ASF, esta dependencia ya anunció que requerirá a los órganos electorales locales que otorgaron contratos a empresas de la Red Taddei. Y entre ellos, está el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
