Resistencia en la Puerta del Sol continúa firme
Medidas del Gobierno español no frenan la acampada

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Madrid, Esp.- Un millar de personas afrontan esta madrugada de miércoles su cuarta noche consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid contra los desahucios y la crisis de la vivienda en medio de una creciente tensión institucional.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han exigido al Gobierno de España la disolución "inmediata" de la protesta por motivos de seguridad, mientras los colectivos sociales mantienen la movilización pese a la aprobación de los dos reales decreto de vivienda del Ejecutivo.
En el plano legislativo, el paquete normativo aprobado por el Consejo de Ministros se estructura en dos reales decretos ley que llegarán al pleno extraordinario del Congreso. El primero, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, es el que genera mayor rechazo.
El segundo congrega las medidas de mayor acuerdo técnico, como la prórroga de dos años para los contratos que venzan antes de 2028, el límite del 2 % a la actualización anual de las rentas, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, el tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4 % para la vivienda protegida y la habilitación de líneas de avales.
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Ninguno de los dos decretos, convence a los acampados de forma unánime.
Por su parte, Maricarmen, la anciana de 87 que fue expulsada de su casa el pasado miércoles en Madrid, aceptó el acuerdo que alcanzaron ayer sus representantes con la empresa propietaria de su vivienda y volverá a su hogar cuando le den el alta en el hospital público donde se encuentra actualmente.
Maricarmen espera poder recuperarse y recibir el alta "cuanto antes" para poder regresar al inmueble donde ha vivido durante más de setenta años.
La anciana fue desalojada de su vivienda por una orden judicial después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su apartamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.
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