Desvelan el esquema de fraude en INE

Ciudad de México.- Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).

Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.

Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria. Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

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Los registros de auditoría señalan que ese grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.

Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0-03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo. A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades.

Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.