Deudores alimentarios quedarían impedidos para adoptar menores

Las personas inscritas como deudoras alimentarias morosas podrían quedar impedidas para adoptar niñas, niños y adolescentes, así como para incorporarse al servicio público en San Luis Potosí, si el Congreso del Estado aprueba una iniciativa ciudadana que busca endurecer las consecuencias legales para quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias.

La propuesta, presentada por el abogado José Mario De la Garza Marroquín, plantea reformar el Código Familiar y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado para convertir en un requisito obligatorio la presentación de certificados de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios. 

El promovente sostiene que quien ha incumplido con la obligación de garantizar la manutención de sus hijos no debería reunir las condiciones para asumir la adopción de un menor ni desempeñar un empleo, cargo o comisión en instituciones públicas. Argumenta además que la Constitución Local ya establece que las personas declaradas deudoras alimentarias morosas no pueden ser nombradas para cargos públicos, por lo que la reforma busca incorporar a la legislación secundaria el mecanismo que permita verificar esa condición antes de concretar una contratación.

Como sustento, la iniciativa cita la reforma constitucional conocida como "Ley 3 de 3 contra la violencia", tratados internacionales en materia de derechos de la niñez y criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respaldan la aplicación de medidas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando está de por medio el interés superior de niñas, niños y adolescentes. También advierte que el Registro Estatal de Deudores Alimentarios concentra alrededor de 250 personas inscritas, una cifra que considera reducida frente a los miles de procedimientos familiares relacionados con pensiones alimenticias que se tramitan en la entidad.

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De prosperar la iniciativa, las personas interesadas en adoptar o ingresar al servicio público tendrían que acreditar que no aparecen inscritas como deudoras alimentarias en los registros estatal y nacional antes de continuar con sus respectivos trámites.