Elegirían contralor interno a través de convocatoria pública

La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con el propósito de transparentar la elección del titular de su órgano interno de control y abrir la convocatoria pública para elegir a dicho perfil.

La propuesta surge luego de que, durante la reciente designación de dicho titular, se detectara una laguna jurídica en la legislación del Congreso local. Este vacío, explicó la legisladora, se originó tras la reforma en la que la Comisión de Justicia se dividió en dos: la Primera, encargada de temas penales, y la Segunda, responsable de asuntos civiles, familiares y administrativos.

Debido a esa omisión, en la última elección, participaron tres comisiones Gobernación, Primera y Segunda de Justicia, cuando en realidad solo una debería haber intervenido. La iniciativa busca definir claramente las competencias de cada comisión, estableciendo que los procesos relacionados con el ámbito administrativo correspondan a la Segunda Comisión de Justicia.

Otro de los ejes centrales de la propuesta es que la elección del titular del órgano interno de control del TEJA se realice mediante una convocatoria pública abierta, en la que cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda participar. Esto, dijo López Torres, permitirá homologar el procedimiento con el de otros organismos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los nombramientos se realizan bajo procesos abiertos y transparentes.

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Entre los criterios que se pretenden incorporar se encuentran la incompatibilidad para quienes hayan trabajado o representado despachos que litigan ante el TEJA, la prohibición de afiliación partidista, y la exigencia de experiencia profesional y título en materia administrativa.

Con estas reformas, la diputada busca que la selección del titular del órgano interno de control del Tribunal deje de ser un proceso cerrado o dependiente de acuerdos políticos, y se convierta en un ejercicio transparente, con reglas claras y participación ciudadana.

El objetivo, señaló, es fortalecer la rendición de cuentas en los organismos autónomos y dar certeza jurídica a los procedimientos internos, evitando interpretaciones o decisiones discrecionales en futuras designaciones.