Debe FGE concentrar denuncias por despojos
Así la autoridad detectaría patrones y personas involucradas en el delito
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El fraude y el despojo inmobiliario llevan al menos 14 años registrándose en San Luis Potosí, con casos de documentos falsificados, poderes apócrifos y ocupaciones ilegales de propiedades. Sin embargo, las denuncias relacionadas con estos delitos no se concentran ni sistematizan, lo que dificulta identificar posibles coincidencias entre las personas involucradas, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.
Fraude inmobiliario en San Luis Potosí: contexto y problemática
El especialista señaló que el problema existe en el estado desde 2011 y 2012, aunque recientemente ha cobrado notoriedad por los casos registrados en la Ciudad de México. Entre las irregularidades detectadas en San Luis Potosí mencionó el uso de documentos mutilados y poderes falsificados; como ejemplo, recordó operaciones realizadas con documentos atribuidos a un notario de Guanajuato que había fallecido desde 2012, pero que aparecieron en años posteriores como si hubieran sido firmados recientemente.
Propuestas para mejorar la investigación y control
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Para Chessal Palau, las fiscalías podrían detectar patrones si concentraran en una misma área las denuncias por falsificación de escrituras, poderes y despojos inmobiliarios. Explicó que al sistematizar los casos podrían encontrarse personas que aparecen como vendedores en una operación, apoderados en otra y compradores en una más.
"La Fiscalía del Estado, lo único que tienen que hacer es centralizar la investigación. Es tan sencillo como eso. Tener una agencia del Ministerio Público, una mesa de trabajo donde concentren todas las denuncias que tienen que ver con falsificación de escrituras de propiedad, de poderes, con despojos inmobiliarios. El problema es que no sistematizan la información", opinó.
El abogado agregó que las fiscalías cuentan con mecanismos para intervenir cuando una propiedad es ocupada ilegalmente, como la restitución temporal del inmueble durante la investigación, en casos donde la persona afectada acredita la propiedad y los ocupantes no cuentan con documentos que respalden su posesión.
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