> Problema sucio > Otro ridículo
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Preguntas y respuestas
En Soledad de Graciano Sánchez, se realizan propuestas en el Cabildo para solicitar a la capital que acepte la basura que se genera en ese municipio ante los problemas para certificar uno propio.
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En Villa de Pozos, el Concejo se ve obligado a clausurar dos veces un tiradero clandestino de desechos.
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Ambos son indicios de lo que advierte el urbanista Benjamín Alva de que urge la construcción de más rellenos sanitarios en el creciente número de municipios que se han integrado a la Zona metropolitana que encabeza la capital.
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La creciente cantidad de desechos que se generan en los municipios integrados (la capital, Soledad, Cerro de San Pedro, Mexquitic, Santa María del Río, Villa de Reyes y Zaragoza) está rebasando la capacidad de los municipios. Prácticamente, sólo San Luis Capital, puede cubrir la demanda de espacio para desechos.
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Pero además de las obras, es necesaria una planeación conjunta entre los ayuntamientos, buscando soluciones prácticas, como que un solo sitio pueda ofrecer servicios a más de un municipio. Resultaría más eficiente que cada localidad construyera uno propio.
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Aquí, la política que suele inhibir las políticas públicas conjuntas es el principal obstáculo. El caso del Interapas es el mejor ejemplo de eso.
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El Congreso del Estado incurrió en una nueva falla jurídica que, por su gravedad, alcanza el grado de ridículo.
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María de Jesús Almendárez Prieto, una intensa activista, intentó varias veces ingresar a instalaciones del Legislativo, lo que le fue impedido por directrices de los diputados.
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En consecuencia, tramitó un amparo ante un juzgado federal, que quedó inscrito en el expediente 1591/2026. La mecánica del amparo obliga a la autoridad a responder a la solicitud del juez de que rinda un informe previo en el que la autoridad impugnada exponga los argumentos que crea conveniente para defenderse.
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Esto lo aprenden los estudiantes de Derecho desde la facultad, y se espera que lo sepan los encargados de emitir las leyes en la entidad. El Juzgado notificó al Congreso de la solicitud del informe pero, sorpresivamente, no responde nada.
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Por este y otros factores, la autoridad judicial falló a favor de la activista. Tenía muchas posibilidades, dada la arbitrariedad de la decisión de no permitirle la entrada a las sedes legislativas.
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Pero que los diputados hayan incumplido un trámite básico en un proceso de amparo los exhibe por su ineficiencia.
