Caballo de Troya Vida artificial

De inicio, la nueva iniciativa presentada por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías para tratar de arreglar el berenjenal jurídico que dio origen a la Ley Serrano se puede ver como un avance, pues cumple el propósito primario de extirparle la obvia ambigüedad con que fue redactada y que, precisamente, le confería el riesgo de convertirse en un arma del poder para atacar la libertad de expresión, como finalmente ocurrió.

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Al precisar las circunstancias en que se puede catalogar el uso de la inteligencia artificial, dejando de lado laxas definiciones que pudieran ser usadas para cualquier cosa, parece quitarle esa peligrosidad.

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Sin embargo, un avezado analista legal indicó que la propuesta no deja de tener defectos. Y tiene uno muy grave. El artículo 272 Quater que propone para aplicar medidas cautelares de urgencia y retiro digital, que le da atribuciones a un juez de control para ordenar a proveedores de internet, plataformas digitales, redes sociales y administradores de sitios web, retirar contenidos.

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Esa es una de las facultades existentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales y su manejo está reservado exclusivamente al Legislativo federal. No sobreviviría a una impugnación.

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Su presencia en la reforma tiene un cariz inquietante, pues pareciera que pretende dejar un margen de capacidad punitiva para las autoridades, no tan grosero como el que planteó el diputado Héctor Serrano, pero sin desaparecerla. 

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Y quizá eso es lo que quieren los impulsores de la reforma original: mantener la capacidad de amagar con sanciones a quienes emitan opiniones incómodas.

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Leyva Frías no es ajeno al entorno político que impulso el nacimiento de la reforma. Fue suplente del concejal de Pozos Ricardo Gutiérrez Ortega, parte del defenestrado primer órgano colegiado del nuevo municipio, e impulsor de la municipalización de la antigua delegación, que tanto apoyó el gallardismo.

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Habrá que estar pendientes de la evolución de esta iniciativa, distinta a la de Artículo 19 y otros promoventes, que exige la derogación de plano de la reforma punitiva, no vaya ser que resulte en una "Ley serrano lite".

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Morena y el PVEM le dieron vida artificial a la posible alianza para San Luis Potosí. El partido guinda lanzó ayer un calendario de registros de aspirantes a la candidatura a gubernaturas en los 17 estados en juego (en San Luis será el 26 de junio), pero dejó para más adelante la definición de alianzas.

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El PVEM, por su parte, reiteró que va por su cuenta, sin seguir las reglas morenistas.

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