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Sin ofrecer una sola cifra, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado difundió el pasado 21 de julio un comunicado de prensa en el que presumía el mantenimiento de finanzas sanas al completarse la primera mitad del año.
El documento hacía referencia al informe de la cuenta pública estatal correspondiente al segundo trimestre de este 2026, entregado al Congreso el pasado 15 de julio.
Iniciaba presumiendo un "manejo responsable y transparente de las finanzas estatales" y seguía afirmando que "al cierre del primer semestre del año el estado registró ingresos superiores a los obtenidos en el mismo periodo de 2025".
¿En cuánto se incrementó esa recaudación? Quien lea el comunicado, deberá adivinarlo, porque, pese al "manejo transparente" que presume la Secretaría de Finanzas, no aparece ninguna cantidad.
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El comunicado se completa con párrafos del más chabacano autoelogio.
Hay que acudir al documento original, la cuenta pública, para conocer las cifras. Tras la revisión, es posible entender la vaguedad del comunicado de Finanzas. Las cifras sí establecen un incremento de la captación, pero también revelan riesgos que apagan el escenario favorable que pintó el comunicado.
En materia de ingresos, hay un crecimiento anual global del 2.9 por ciento, pues pasaron de 36 mil 511.7 millones de pesos en junio de 2025 a 37 mil 571.8 millones de pesos a la mitad de este año. Es decir, mil 060.1 millones de pesos más.
Los ingresos propios crecieron de 4 mil 587.1 millones de pesos a 4 mil 899.3 millones de pesos, un alza de 6.8 por ciento.
El presupuesto federal también se elevó, de 31 mil 880.7 millones de pesos a 32 mil 678.9 millones, un incremento de 2.4 por ciento.
La dependencia del estado a los recursos sigue siendo alta, pues la recaudación local representa el 13 por ciento del total, contra el 87 por ciento del federal.
Un análisis más profundo del documento ofrece un panorama mixto. Hay mejoría en la recaudación propia y disminuyó ligeramente el peso de su nómina, pues el rubro de servicios personales bajó de tres mil 361.5 millones de pesos a tres mil 350 millones de pesos.
Además, la deuda pública bancaria de largo plazo no es un riesgo, pues apenas representa el 4.4 por ciento de los ingresos totales.
Por otra parte, el Estado de Actividades reporta un Resultado del Ejercicio positivo de 3 mil 719.9 millones de pesos.
En contraparte, la cuenta pública del primer semestre expone a una administración asfixiada por presiones de dinero a corto plazo, a una baja crítica de ingresos escondida en el "aumento" y a un regalo envenenado de administraciones anteriores.
De inicio, la cuenta expone una crisis de liquidez, pues mientras que tiene un activo circulante de 4 mil 742 millones de pesos, su pasivo circulante casi duplica ese monto, pues llega a los 8 mil 562.6 millones de pesos.
Para agravar la situación, se trata de deudas de corto plazo.
Por lo que toca a los adeudos con proveedores y contratistas, éstos ascienden a cinco mil 169.2 millones de pesos.
Y luego está el problema crónico del gobierno gallardista: los créditos quirografarios. A junio de este año, las deudas bancarias de cortísimo plazo crecieron en un año de dos mil 907 millones de pesos a tres mil 300 millones, casi 400 millones de pesos más.
Esto ya fue notado por las calificadoras de deuda que vigilan las finanzas potosinas. Es el caso de Fitch, que modificó a la baja su calificación al estado por el uso elevado y recurrente de estos créditos
Y mientras el gobierno estatal festina el incremento de los ingresos, un examen a fondo de estos revela una realidad oculta: en realidad, hay un deterioro en esta vital entrada de recursos.
El presupuesto federal que reciben los estados se divide en dos partes. Una es el Ramo 33, el de aportaciones, que engloba el gasto específico en rubros de salud, educación y seguridad pública en el estado y los municipios, entre otros rubros.
Los fondos están etiquetados y los estados poco pueden decidir sobre su destino.
A la mitad del año, la entidad recibió poco más de 15 mil millones de pesos. En junio de 2025, la suma era de 13 mil 258.1 millones de pesos, es decir, mil 763.6 millones de pesos más, equivalentes a un saludable incremento de 13.3%.
La otra mitad del presupuesto estatal, el Ramo 28, de participaciones federales, es más importante para el gobierno del estado, pues se trata de recursos de libre disposición. El gobierno lo puede utilizar para lo que quiera, sea pago de deuda o de nómina.
Los reportes mensuales de la SHCP han ido mostrando una disminución sostenida durante este año, que para junio pasado, sumaba ya 793 millones de pesos, pues en un año pasó de 16 mil 016.2 millones de pesos a 15 mil 222.6 millones. Una baja de casi 5 por ciento.
Y el asunto podría empeorar. Este mes, otra empresa calificadora de finanzas públicas Moody´s (que no revisa a San Luis) publicó el reporte "Monitor Subsoberano Primer Semestre 2026: Fuerte desaceleración de los ingresos presenta retos para estados y municipios", que advertía precisamente que este 2026, se había ralentizado la entrega de participaciones federales, al grado de generar una perspectiva desfavorable.
La desaceleración de la economía nacional y la reducción en el margen de la captación son señaladas como la causa de esta baja.
En este periodo, sólo nueve estados habían recibido incrementos en las participaciones federales. Pero San Luis no está entre ellos.
De hecho, ocupa el décimo cuarto lugar por la magnitud del recorte.
Entre los efectos que tiene esta adversa situación, Moody´s menciona una reducción al margen de contratar más deuda, lo que impactaría en la adicción quirografaria de este gobierno.
El documento presenta, escondida en la sección de pasivos, una mina financiera que encierra un riesgo devastador.
Resulta paradójico que ante esa gravedad, el reporte sólo le dedique unas pocas líneas.
"La administración saliente (es decir, la de Juan Manuel Carreras López) deja un litigio abierto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por un pago de impuestos sobre la renta del año 2018, la autoridad, a esta fecha y sin el término de la resolución final solicita un pago con actualizaciones y recargos por $1,615,142,633.10".
Con razón tanta tirria con los antecesores.
La conclusión que puede extraerse de la cuenta pública al primer semestre de este año es que las finanzas del gobierno están consolidándose, pero, a la vez, presentan un estrés financiero severo en su liquidez.
Su recaudación sube, especialmente en el ámbito local, ha bajado la nómina y la deuda de largo plazo es muy manejable.
Lo negativo está en el manejo del día a día. Enfrenta una dependencia casi estructural al crédito quirografario para enfrentar gastos inmediatos, que ya le han costado puntos en su calificación financiera.
Si a este desbalance de circulante le sumamos el riesgo latente de perder el litigio contra el SAT por más de 1,600 millones de pesos, el gobierno gallardista podría verse ante una parálisis operativa temporal si no le halla algún remedio a los créditos quirografarios.
Pero del verdadero riesgo es que los problemas financieros del gobierno estatal contagien el entorno político.
De cara a un proceso electoral, en el que pese al músculo presumido por el PVEM, no hay certidumbre plena por una eventual competencia con Morena, y ante una oposición que ya está emitiendo críticas cada vez más duras contra su gobierno, el deterioro de las finanzas públicas podría ser un problema para el gobierno gallardista.
Signos preocupantes
El reporte de la cuenta pública estatal correspondiente al primer semestre del año presenta algunas alertas amarillas:
La persistencia de la adicción de la Secretaría de Finanzas a los créditos quirografarios.
El descenso en el monto de las participaciones que envía la Federación al estado.
Un crédito fiscal heredado de la pasada administración por la falta de pago del ISR.
