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Firma ligada a fraude electoral en Colombia gana fortuna en México

El conglomerado enfrenta señalamientos por sobornos, sobreprecios y errores en impresión de boletas desde 1998

Por SinEmbargo.mx

Noviembre 19, 2026 11:50 a.m.

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Firma ligada a fraude electoral en Colombia gana fortuna en México
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      Thomas Greg & Sons, un conglomerado internacional que ha hecho de la organización de las elecciones un negocio millonario en América Latina, figura entre los grupos empresariales cuyos negocios han quedado bajo escrutinio en medio de la crisis por las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala y la de su antecesor, Lorenzo Córdova Vianello.

      A través de su filial Litho Formas, el conglomerado acumula en México casi tres décadas de controversias por sus contratos con autoridades electorales, presuntos sobornos, sobreprecios, errores en la impresión de boletas e incumplimientos contractuales, mientras que en Colombia ha sido señalado por el expresidente Gustavo Petro Urrego de contribuir a un presunto fraude electoral en la pasada elección.

      ¿Qué dice el investigador Aníbal García Fernández sobre la burocracia electoral?

      La permanencia de este tipo de empresas como proveedoras de las autoridades electorales mexicanas, pese a sus antecedentes de irregularidades, responde, a juicio del investigador Aníbal García Fernández, integrante del Observatorio Lawfare, a la existencia de una "burocracia electoral neoliberal" que se ha enquistado durante décadas en las instituciones encargadas de organizar los comicios en México y que ha permitido trasladar a manos privadas actividades que, considera, son de seguridad nacional.

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      "Nos enfrentamos a eso, a la vulneración del poder popular expresado en las urnas", alertó García Fernández en entrevista con SinEmbargo, al referirse a los riesgos que entraña para las democracias la participación de conglomerados privados en la producción de materiales electorales y en el procesamiento de los resultados de las elecciones.

      En Colombia, en donde el conglomerado tiene su centro de operaciones, sus negocios abarcan desde la producción de papeletas hasta el procesamiento de información electoral. Recientemente, este grupo empresarial fue señalado por el expresidente Gustavo Petro Urrego en sus denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de este año.

      La propia Presidenta Claudia Sheinbaum expuso el pasado 9 de noviembre las denuncias de Petro en el contexto de las investigaciones sobre los negocios que un reducido grupo de proveedores ha mantenido durante años con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales de las entidades federativas. "¿Se acuerdan que Petro acusó a una empresa en la última elección —el presidente Petro, de Colombia— a una empresa de ser parte del fraude electoral? Pues esa empresa también está en México, yo no sabía; fue quien hizo las boletas para Coahuila ahora en la elección, en la última elección", dijo sin referirse al nombre.

      En respuesta, Petro indicó esa misma noche en su cuenta de X: "La manipulación de algoritmos contra el fraude electoral en Colombia tuvo que hacerse posiblemente con la voluntad de Thomas Gregg and Sons [sic] de los hermanos Bautista". El exmandatario retomó así sus acusaciones contra el conglomerado empresarial y extendió a México sus advertencias sobre los riesgos que entraña la participación de esta compañía en los procesos electorales. "Ahora el operador de ecrutinios [sic] sub judice quiere entrar a México con el poder electoral mexicano ¿a qué?", cuestionó.

      Los señalamientos de Petro sobre la presunta manipulación de los resultados han sido rechazados por las autoridades electorales colombianas y no han sido acreditados judicialmente.

      La Misión de Observación Electoral (MOE) de ese país ha documentado la concentración de contratos millonarios, la falta de competencia entre proveedores, el encarecimiento de los servicios electorales y las restricciones para conocer los resultados de las auditorías practicadas a los sistemas informáticos utilizados en los comicios. En julio de 2025, por ejemplo, un consorcio encabezado por el conglomerado Thomas Greg & Sons obtuvo un contrato por más de 2.1 billones de pesos colombianos como único oferente.

      En ese sentido, los negocios de Thomas Greg & Sons tanto en Colombia como en México fueron retomados este lunes por el Observatorio Lawfare en su informe *Ciberseguridad, tecnologías de persecución y lawfare*, elaborado por los investigadores Tamara Lajtman, Marcelo A. Maisonnave y Aníbal García Fernández, quienes advierten sobre los riesgos que entraña para las democracias latinoamericanas la creciente tercerización de la infraestructura electoral y la dependencia tecnológica de los Estados respecto de conglomerados privados.

      García Fernández explicó que uno de los principales riesgos de trasladar a manos privadas actividades fundamentales para la organización de los procesos electorales radica en la contradicción que puede existir entre los intereses económicos de los conglomerados empresariales y el interés público que deben garantizar las instituciones democráticas.

      "Todos los capitales nacionales o extranjeros tienen intereses que son intereses que son particulares, que son intereses que se van hacia la ganancia", señaló el investigador, quien explicó que una democracia tendría que "velar por el interés general de un pueblo, de cualquier nación en un contexto o en un momento histórico determinado".

      Para el investigador, las capacidades tecnológicas que han adquirido determinados conglomerados empresariales representan una vulnerabilidad adicional para los sistemas democráticos, particularmente cuando las autoridades no disponen de mecanismos suficientes para fiscalizar las actividades que han delegado a estas compañías.

      "A eso nos enfrentamos precisamente, a que sea vulnerada la voluntad popular mediante [...] este tipo de empresas que con la tecnología que tienen pueden vulnerar toda la papelería electoral, que pueden vulnerar el mismo proceso electoral", advirtió.

      En medio de los cuestionamientos sobre la participación de empresas privadas en la organización de los procesos electorales, la Secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó este miércoles 18 de noviembre un plan para fortalecer Talleres Gráficos de México (TGM) y recuperar para el Estado mexicano la producción de documentación y materiales electorales.

      La funcionaria anunció la publicación de un decreto presidencial que contempla la creación de un padrón público de proveedores, la homologación de precios para el INE y los organismos electorales estatales, la realización de auditorías anuales y la prohibición de contratar a empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.

      "¿Qué es lo que buscamos obtener con estas acciones? Imprenta de todo el gobierno. Consolidar formatos, actas, títulos y gacetas de administración federal. El servicio a los estados y a las OPLEs como un Convenio Modelo para la producción de documentación y materiales electorales. El Almacén Nacional de Materiales que sirve para recuperar, reparar, reutilizar las urnas, los canceles entre elecciones, que no solamente es ahorro, también tiene que ver con el medio ambiente. Y un catálogo único para los OPLEs, que permitirá las mismas especificaciones, los rangos y los precios en todo el país", indicó.

      Rodríguez Velázquez adelantó que, en una segunda etapa, comprendida entre julio de 2027 y 2030, el Gobierno federal impulsará la creación de la Imprenta Nacional de México, que tendrá el mandato exclusivo de producir documentación y materiales electorales, así como documentos de seguridad. El proyecto contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para establecer que sean organismos públicos, y no empresas privadas, los encargados de producir estos insumos, bajo las especificaciones técnicas y los controles de calidad del INE.

      "Por lo pronto, esto es lo que buscamos: que el mandato para lo que sea la elaboración de todo tipo de materiales del Gobierno Federal pase por Talleres Gráficos de México. Significa también el cuidado de los recursos públicos de gastar menos y de tener ahorros para dedicárselos a otras acciones, a otras tareas", refirió.

      La iniciativa busca revertir la dependencia de proveedores privados y la concentración de las contrataciones electorales en un reducido grupo de empresas, un modelo cuyos riesgos han sido documentados por el Observatorio Lawfare.

      El Observatorio Lawfare señala que la crisis del INE se intensificó en octubre de 2026, cuando se hicieron públicos los señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de proveedores de material electoral. "Litho formas, integrada a Thomas Greg & Sons en 1999, aparece entre las empresas vinculadas a la red investigada", refiere el documento.

      Los investigadores señalan que los contratos cuestionados abarcan el periodo comprendido entre 2018 y 2025, aunque también existen antecedentes de adjudicaciones a empresas relacionadas con esa red durante la gestión de Lorenzo Córdova (2014-2023), particularmente en 2015, 2016 y 2022. El informe recupera los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción durante la presidencia de Guadalupe Taddei y administraciones anteriores, así como la petición de Claudia Sheinbaum de investigar las contrataciones y sus referencias a las denuncias de Gustavo Petro contra el conglomerado empresarial.

      La burocracia electoral

      En efecto, los negocios electorales y las denuncias de irregularidades en torno a Litho Formas en México se remontan al menos a las elecciones de Puebla de 1998, cuando directivos de la compañía fueron señalados por el presunto pago de un soborno a un funcionario electoral. A lo largo de casi tres décadas, las controversias han incluido la omisión de los nombres de cinco candidatos en las boletas de Veracruz en 2013, la reimpresión de papeletas a una semana de las elecciones de Morelos en 2024, operaciones por más de 20 millones de pesos con documentación justificativa insuficiente en Oaxaca y penalizaciones económicas por incumplimientos contractuales durante las elecciones judiciales de Nayarit en 2025.

      Cuestionado sobre las razones por las cuales empresas como Litho Formas han continuado obteniendo contratos públicos pese a sus antecedentes, Aníbal García Fernández consideró que la actual crisis del INE debe examinarse a partir del modelo de organización electoral que se construyó en México durante el periodo neoliberal, bajo el cual se conformó una estructura burocrática que hizo de la contratación de proveedores privados una práctica recurrente.

      "Esa burocracia electoral neoliberal que se enquistó en el Instituto Federal Electoral primero, después en el Instituto Nacional Electoral, es la que ha permitido que este tipo de prácticas que llevan a cabo empresas como esta y así como otras perduren pese a los escándalos de corrupción", expuso.

      Desde la perspectiva del investigador, la persistencia de estas prácticas no constituye una anomalía dentro del sistema político mexicano que se construyó durante el neoliberalismo, sino que es una expresión del modelo económico que trasladó a manos privadas distintas actividades estratégicas del Estado, incluidas aquellas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

      "Eso no es, digamos, una anomalía [...] y no es una contradicción con el sistema político mexicano que se construye bajo el neoliberalismo", señaló García Fernández.

      En su opinión, el problema no se reduce a los posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos o empresarios, sino que comprende también una concepción de la democracia bajo la cual las actividades necesarias para garantizar el ejercicio del voto se han convertido en oportunidades de negocio para determinados grupos económicos.

      "El tema acá es pensar que este tipo de empresas siguen siendo contratadas porque hay una burocracia electoral neoliberal que está acostumbrada a este tipo de prácticas", sostuvo el investigador, quien identificó entre ellas "las de presuntos actos de corrupción" y la transformación de "la democracia en una mercancía".

      Si bien los contratos para la producción de documentación electoral local son adjudicados por los organismos electorales de las entidades federativas, es el INE la autoridad encargada de establecer los lineamientos, criterios y formatos que rigen la impresión de documentos y la producción de materiales electorales tanto para los comicios federales como para los locales, así como de supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas correspondientes.

      "De hecho, eso es precisamente el INE, el otorgamiento de actividades que son de seguridad nacional a empresas privadas que terminan siendo investigadas por probables actos de corrupción", consideró García Fernández.

      En Veracruz, los cuestionamientos contra Litho Formas se remontan a varios procesos electorales. En 2013, la omisión de los nombres de cinco candidatos a presidentes municipales del partido Alternativa Veracruzana en las boletas impresas por la compañía provocó protestas de cinco consejos municipales electorales. Pese a ello, las autoridades electorales determinaron que la empresa no sería sancionada y que el propio organismo asumiría el costo de reponer las papeletas, según documentó La Jornada. La compañía continuó obteniendo contratos en la entidad: entre 2018 y 2025 recibió más de 312 millones de pesos.

      En Quintana Roo, Litho Formas obtuvo mediante adjudicación directa un contrato por más de 57 millones de pesos para suministrar documentación electoral durante los comicios de 2024. Una investigación publicada por Milenio el pasado 10 de noviembre documentó que la compañía cotizó sobres para resguardar votos en 4 mil 144 pesos por unidad, mientras que Talleres Gráficos de México suministró productos de esa categoría a las autoridades electorales de la Ciudad de México por precios que no superaban los 40 pesos.

      Los cuestionamientos contra Litho Formas se remontan incluso a las elecciones de Puebla de 1998. En noviembre de 2001, La Jornada documentó una denuncia presentada por un exagente comercial de la compañía, Francisco Manuel Abascal Sherwell, quien acusó a directivos de la empresa de haber entregado un presunto soborno de siete millones de pesos a un funcionario de la entonces Comisión Estatal Electoral de Puebla. Entre los directivos señalados figuraba Francisco Simón Galindo, quien años después fue identificado por el medio colombiano Cuestión Pública, en una investigación publicada en mayo de 2023, como integrante de la junta directiva de Thomas Greg & Sons.

      Las controversias de Thomas Greg & Sons

      El historial de controversias de Thomas Greg & Sons no se limita a México y Colombia. Sus operaciones también llegan hasta Brasil, donde ha incursionado en la producción de documentos de identidad y licencias de conducir. Sus empresas han sido objeto de observaciones por parte de organismos fiscalizadores, denuncias por presuntos favorecimientos en licitaciones y penalizaciones económicas por incumplimientos contractuales.

      En el estado brasileño de Amazonas, una contratación para producir documentos de identidad motivó en 2023 una petición de investigación ante el Tribunal de Cuentas, luego de que el Diputado Wilker Barreto denunciara que Thomas Greg & Sons había obtenido el negocio pese a presentar una oferta considerablemente más elevada que la de una empresa competidora. En Mato Grosso, informes oficiales de fiscalización correspondientes a 2010 y 2013 identificaron pagos sin suficiente respaldo documental y discrepancias entre la cantidad de licencias de conducir facturadas por la compañía y las que pudieron acreditarse.

      En Colombia, el conglomerado ha establecido relaciones con figuras de las élites políticas de aquel país. Los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana formaron parte de su junta directiva antes de abandonar ese órgano en 2006 y 2013, respectivamente. Una investigación de Cuestión Pública identificó que, hasta mayo de 2023, la compañía había participado en contrataciones públicas por cerca de tres billones de pesos colombianos, con más de un centenar de instituciones gubernamentales.

      Las controversias se extienden indirectamente a Honduras, donde Grupo ASD, socio de Thomas Greg & Sons en distintos consorcios electorales colombianos, fue responsable del sistema de transmisión de resultados preliminares que registró fallas durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

      Este antecedente fue precisamente retomado por el Observatorio Lawfare en su investigación sobre los riesgos que representa para las democracias latinoamericanas la dependencia tecnológica de proveedores privados.

      Para Aníbal García Fernández, el caso de Honduras permite examinar otras dimensiones de la participación de intereses privados en los procesos electorales latinoamericanos, particularmente en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado sus presiones sobre los países de la región y ha respaldado públicamente a candidatos de derecha.

      El investigador recordó que, desde las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado, Honduras ha desempeñado un papel estratégico dentro de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Centroamérica. Su ubicación territorial y la presencia de instalaciones militares estadounidenses permitieron a Washington mantener una posición estratégica durante los conflictos armados que atravesó aquella región.

      "Desde la década de los 70 y sobre todo más en la década de los 80 fue usado Honduras como parte de la estrategia de control geopolítico en Centroamérica", recordó.

      El OIC se lo advirtió en un informe de 2019

      García Fernández consideró que a los intereses históricos de Estados Unidos en aquella nación centroamericana se ha sumado la presencia de intereses israelíes, lo que, desde su perspectiva, obliga a estudiar los procesos electorales contemporáneos no solamente a partir de sus dinámicas políticas internas, sino también de las estrategias de potencias extranjeras interesadas en el control territorial y en el acceso a recursos naturales estratégicos.

      El investigador planteó que la llegada a la Presidencia de Honduras de Nasry Asfura debe examinarse junto con el alineamiento de otros gobiernos latinoamericanos con la política exterior estadounidense, particularmente en lo relativo a las estrategias de seguridad regional y al denominado Escudo de las Américas. Se trata de una interpretación geopolítica del investigador, no de una intervención electoral acreditada judicialmente.

      En este contexto, señaló también la necesidad de examinar el papel que han desempeñado operadores políticos como Fernando Cerimedo en distintas campañas electorales latinoamericanas, así como la relevancia que han adquirido las empresas tecnológicas y las herramientas digitales en la disputa por el poder político en la región.

      "Hay que volver a contar y volver a analizar lo que implica pensar este tipo de control político electoral que realizan empresas y por lo tanto la relevancia que tiene pensar la ciberseguridad", indicó.

      Ciberseguridad un tema de seguridad nacional

      Frente a este escenario, García Fernández consideró que México y el resto de los países latinoamericanos deben incorporar la ciberseguridad como uno de los componentes fundamentales de sus estrategias de seguridad nacional, ante las crecientes capacidades de actores privados para intervenir en sistemas informáticos que procesan información estratégica, tanto política como económica.

      "Cada vez más se nota que el área de la ciberseguridad va a ser fundamental para cualquier seguridad nacional que establezca un Estado", sostuvo el investigador.

      El desafío, explicó, consiste en desarrollar capacidades tecnológicas propias que permitan a los Estados reducir su dependencia de empresas privadas y garantizar que las herramientas utilizadas para proteger sus sistemas informáticos respondan a los intereses públicos y no a los objetivos económicos o políticos de determinados conglomerados empresariales.

      "Ahí es donde cobra relevancia pensar en una estrategia de ciberseguridad que no pase necesariamente por las empresas, sino que sea precisamente parte de un eje estructural de los estados que tenga un interés público y que no tenga un interés privado como es el que prevale en otras partes del mundo", expuso.

      De cara a las elecciones de 2027 en México, el investigador consideró que los señalamientos de Gustavo Petro sobre lo ocurrido en Colombia, junto con la presencia de empresas del conglomerado Thomas Greg & Sons en territorio mexicano, constituyen una advertencia que no debería pasar inadvertida para las autoridades electorales ni para la ciudadanía.

      El caso colombiano, concluyó, obliga a examinar los riesgos que representa para la expresión de la voluntad popular la dependencia de proveedores privados para organizar las elecciones, al tratarse de un escenario que, advirtió, "podría suceder en México también".