Busca tipificar ecocidio con penas de hasta 30 años de prisión

Frente al incremento de afectaciones a los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la urgencia de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, la diputada federal Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de tipificación del ecocidio.

Propuesta para tipificar el ecocidio en el Código Penal Federal

La propuesta busca castigar con penas de 15 a 30 años de prisión, de cinco mil a cincuenta mil días multa, y la obligación de la reparación integral del daño a quienes dolosamente, por acción u omisión, realicen conductas que generen un impacto grave, extenso o irreversible en los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.

La legisladora priista señaló que, si bien el artículo 4° de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, "en los últimos años el país ha enfrentado graves deterioros derivados de actividades industriales irregulares, deforestación masiva, contaminación de cuencas hidrológicas y desastres ecológicos que frecuentemente quedan impunes o con sanciones administrativas insuficientes".

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"El progreso y la evolución de las sociedades no pueden justificar la destrucción de nuestro patrimonio natural ni poner en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones. Los intereses económicos no pueden estar por encima del equilibrio ecológico", destacó Martínez García.

Sanciones y medidas para empresas y servidores públicos

Explicó que su propuesta pretende adicionar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal para definir claramente el delito de ecocidio y establecer los parámetros de daño grave, extenso e irreversible. Además de sancionar con penas que aumentarán hasta en una mitad cuando el ecocidio se cometa en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, afecte a especies en peligro de extinción, comprometa el suministro de agua para consumo humano o sea cometido por servidores públicos.

Asimismo, la diputada coahuilense propuso establecer castigos ejemplares para empresas involucradas, que van desde la suspensión de actividades hasta por diez años, clausura definitiva, prohibición de operar, cancelación de concesiones e incluso la disolución de la persona moral cuando haya sido utilizada para la comisión del ilícito.

La diputada federal detalló que con esta acción legislativa, "el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, dotando a las instituciones de procuración de justicia de herramientas eficaces para castigar los delitos ambientales y garantizar un entorno natural seguro para México".