Cuidado con los árboles
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En San Luis Potosí, derribar un árbol puede llevar a prisión, es una consecuencia prevista en el Código Penal y ¡cuidado! porque el riesgo alcanza mucho más allá de quien empuña la motosierra.
El artículo 298 del Código Penal de San Luis Potosí castiga a quien ilícitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles con cuatro a diez años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización. Y solo basta un solo árbol.
Si la conducta ocurre en determinadas áreas naturales protegidas, produce deforestación o afecta áreas de valor ambiental estatal, las penas pueden duplicarse y si beneficia a una empresa, ésta puede recibir la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco años.
La palabra decisiva es «ilícitamente». No toda poda ni todo derribo constituyen delito e incluso existen intervenciones justificadas, pero requieren cumplir condiciones precisas. Tampoco la propiedad privada convierte al árbol en objeto disponible a voluntad del dueño, pues su protección responde a un interés colectivo.
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La Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado exige autorización municipal para los trabajos correspondientes y sustento técnico para el derribo y, una obra nueva por sí sola, no justifica quitar uno o varios árboles. La ley exige explorar alternativas de integración y trasplante y, cuando corresponda la compensación prevista para obras, deben plantarse por lo menos tres árboles por cada ejemplar derribado. Esto, por supuesto, al margen del castigo penal de prisión y multa.
Hay que distinguir cuatro responsabilidades dentro del ámbito de los delincuentes que derriban árboles.
Primero, quien ejecuta materialmente el derribo. El operador, contratista o trabajador no queda automáticamente protegido porque alguien le mostró un oficio o le dijo que "ya estaba autorizado", pues debe comprobarse la legalidad del acto. Una orden superior no vuelve lícita una conducta prohibida.
Luego quien decide y ordena, es decir, el desarrollador, propietario, administrador o funcionario que determina dolosamente la comisión del hecho puede responder penalmente aunque jamás toque una herramienta. El artículo 21 del Código Penal contempla a quien determina dolosamente a otro a cometer el delito y a quien presta ayuda intencional.
En tercer lugar, el servidor público que autoriza. Un permiso no es patente para destruir y la autoridad municipal debe fundar su decisión en el dictamen del especialista y en las causas legales, no en la conveniencia del proyecto ni en instrucciones políticas. La autorización obtenida mediante falsedad puede ser anulada pues el artículo 301 también sanciona, con seis meses a cinco años de prisión, a quien obtiene una autorización ambiental faltando a la verdad y provoca daño.
Además, el artículo 308 prevé responsabilidad penal en determinados supuestos de autorizaciones urbanísticas contrarias a la norma, incluso agravación, destitución e inhabilitación para servidores públicos. Fuera de esos supuestos, pueden existir responsabilidades administrativas y, si se acredita intervención dolosa en la tala, participación en el delito ambiental.
Finalmente, el DRO, el Director Responsable de Obra. En el municipio de San Luis Potosí, el Reglamento de Construcciones le impone dirigir y vigilar la ejecución conforme al proyecto aprobado y las normas aplicables, además de documentar incidencias en la bitácora. Incumplir puede ocasionar sanciones y suspensión de su registro. Si ordena, facilita conscientemente, participa en el derribo o incumple un deber jurídico de impedirlo cuando podía hacerlo, puede responder penalmente.
La restitución del arbolado, las multas y la reparación del daño no borran necesariamente un delito consumado. Tampoco una licencia de construcción sustituye la autorización específica para derribar.
El árbol puede caer en minutos, pero las responsabilidades permanecer durante años.
X: @jchessal




