El termómetro no miente

Una protesta no es la enfermedad, es el termómetro. Los gobiernos, sin embargo, suelen reaccionar como el paciente que, al ver fiebre, decide no mirar al instrumento o, peor aun, tratar a la fiebre y no a la enfermedad. Hay otra variante más sofisticada: sospechar que el termómetro lo pagó la oposición.

Francia es el ejemplo más elocuente. La movilización empezó con bloqueos de colegios y un reclamo por la falta de recursos en las escuelas, y fue escalando poco a poco. Para el episodio más complejo ya se habían sumado sindicatos de la función pública y figuras políticas nacionales. El 17 de octubre llegó la noche de los disturbios: más de 2000 detenidos en un solo sábado, un manifestante muerto, más de 500 policías heridos y 1500 comercios saqueados o destrozados. El ayuntamiento de Limoges quedó destruido en su mayor parte por un incendio, y los de Marsella y Lille fueron invadidos. Dos días después llegaron los toques de queda en París, Lille y Niza, y mientras tanto los estudiantes bloqueaban el Louvre, quizá la única protesta que hizo cola para entrar a un museo. Los Chalecos Amarillos, que nunca se fueron del todo, convocaron a pedir la renuncia de Macron. El gobierno, como siempre tarde, había prometido más profesores el 10 de octubre. Prometer maestros a un país que ya está quemando alcaldías suena a que algo no está checando.

La crítica va para ambos lados. Al Estado, por llegar tarde y con cheque posdatado. Y a quienes saquean tiendas de tenis, departamentales o de videojuegos, porque nadie ha demostrado que prender fuego a un ayuntamiento mejore el salario docente, aunque, hay que reconocerlo, calienta. 

Francia no está sola. Las movilizaciones alcanzaron Bélgica, Italia, Portugal, España, Austria y Albania, con costo de vida, recortes presupuestales y falta de vivienda como causas compartidas. En España, la indignación se encendió con el desalojo de una mujer de 87 años, un detalle difícil de reducir a una estadística de ministerio. En Bélgica las protestas son por las matrículas universitarias y los recortes educativos. En Italia hubo choques en Milán, con unos cincuenta detenidos el primer día, y se convocó una huelga general para el 20 de noviembre. Meloni respondió con 500 militares más. Resulta curioso que ante un reclamo por salarios y alquileres la respuesta sea un batallón. Varios análisis europeos coinciden en un telón de fondo común, el desgaste de los partidos del centro político: cuando el centro se vacía, la calle se llena. No es una ley de la física, pero se le parece.

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México opera a otra escala y conviene no exagerar la comparación. Pero el patrón rima. En Guadalajara, vecinos bloquearon avenidas bajo la consigna "agua sin mierda", una síntesis que ningún comunicado oficial ha igualado. La marcha del 11 de octubre terminó con gas lacrimógeno y chorros de agua frente a Casa Jalisco, que resultó la única ocasión en que el servicio de agua funcionó con puntualidad. Siete días después, al menos 10 mil personas marcharon y pidieron la revocación del gobernador. Esta vez el gobierno estatal se abstuvo de enviar policías. Aprendió, aunque con una marcha de retraso. El gobierno federal, por su parte, anunció apoyo para obras hídricas. Es una respuesta, aunque conviene preguntar si llegó a tiempo o solo a tiempo para la cámara.

El caso del IMSS es más revelador. Los trabajadores piden un aumento de 10% y desconocen a su representación sindical, y advirtieron que marcharán cada 15 días si es necesario. Cuando los trabajadores marchan contra su propio sindicato, el problema ya no es un salario sino el cableado de la representación. Justo es decir que el gobierno federal respondió con una mesa de renegociación y una nueva propuesta salarial. Falta ver si es oferta o maquillaje. También conviene recordar un reflejo conocido: ¿se acuerda de las protestas previas al mundial? la presidenta atribuyó a una estrategia de caos los actos violentos. A veces es cierto. Pero un gobierno que ve una conspiración en cada marcha termina despreciando la legitimidad de la protesta.

Y están los colectivos de búsqueda: Amnistía Internacional documentó más de 234, frente a unos 60 o 70 en 2019, en un contexto de más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Es la única industria nacional con crecimiento sostenido, y no por buenas razones. El mismo día que el gobierno recibía felicitaciones por su estrategia de búsqueda, familiares bloqueaban la carretera México-Toluca. 

Lo que une a París, Milán, Madrid o México es que el canal institucional no sirve y el reclamo se muda a la calle. La calle es un canal caro, de mala recepción y con riesgo de pérdida de patrimonio, pero al menos responde. Un gobierno que solo escucha cuando huele a gas lacrimógeno ya eligió su medio de comunicación. Y una oposición que solo aplaude desde la banqueta, o que convoca marchas cuando le conviene y las olvida cuando gobierna, tampoco está escuchando.

Medir el descontento por el número de marchas es incómodo, pero es más honesto que medirlo por la cantidad de mañaneras. La pregunta no es cuántas protestas hubo, sino cuántas habrían sobrado si alguien hubiera atendido a tiempo el problema.

La caminera

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) pagar 25 mil millones de dólares, más de 460 mil millones de pesos, no por el robo de datos sino por la mentira: según el jurado, Facebook engañó a sus usuarios sobre cómo compartía su información con apps de terceros, como la que nutrió a Cambridge Analytica. El producto era gratuito; la letra chiquita, no. Moraleja para quien marcha y para quien manda oficios: insistir, a veces, paga. Meta apelará.

X. @marcoivanvargas