Artículo 19 alerta por acoso judicial contra periodistas en SLP
Advierte que servidores públicos utilizan normas para intentar silenciar publicaciones críticas
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Luego de que la diputada local Sara Rocha Medina presentó una denuncia contra el periodista Juan José Rodríguez por ejercer su libertad de expresión, proceso que la legisladora perdió, y amenazó con otro acto de acoso judicial en contra de otro periodista, con el argumento de la violencia de género por la referencia a una escuela preparatoria de mala calidad del PRI, Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico para Periodistas, de Artículo 19 para México y Centroamérica, refirió que cualquier acto de esa naturaleza finalmente constituye una amenaza contra un periodista, proveniente de un servidor público.
Desecha TEESLP procedimiento contra periodista Juan José Rodríguez
La denuncia fue promovida por la priista Sara Rocha Medina
Dijo que estos casos en particular, hablan de amenazas materializadas que agregan como instrumento de irregularidad, el uso de ordenamientos y herramientas ejecutivas estatales para silenciar
una nota en la que se manifestó en desacuerdo por ser una crítica contraria.
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"Ese es un abuso de normatividades diseñadas".
Conocedor de que la la legisladora oficialista y dirigente del Partido Revolucionario Institucional amenazada con hacer valer "violencia de género" por el cabeceo que cuestionaba la calidad de la escuela preparatoria del PRI, el representante del organismo internacional precisó que la violencia política de género es una normatividad que expresa con toda claridad el derecho de las mujeres a ejercer los cargos públicos en su caso a la promoción en materia electoral "en un país que es machista, que es sexista, y que obliga a luchar contra esas desventajas, pero utilizar estas normas de manera indiscriminada y sin motivo para silenciar notas críticas, sobre malversación de recursos, generación de empresas falsas o algún otro tipo de presuntos actos de corrupción, no es más que una parte de la democracia, que incluye ser observada como persona funcionaria pública".
Llamó a los diputados y las diputadas a que se atienda que tienen un umbral mayor de tolerancia al escrutinio público y que los medios de comunicación y cualquier persona ciudadana les puede criticar, puede publicar y decir que están en desacuerdo y que llamar a la atención cuando sean identificados actos posibles que no estén en el marco normativo.
LA EVOLUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN
El mismo Pedro Cárdenas explicó que hay un indicador muy notorio la evolución de los crímenes contra la libre expresión, que también pueden venir del sector público, de los cuales hay un indicador de ambiente hostil que se basa en discursos estigmatizantes y criminalizantes contra la prensa.
Lo particular, se refirió a la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente que utilizó instrumentos para estigmatizar o catalogar a los periodistas como "enemigos", "pagados" o "vendidos", lo que a su vez provocó un efecto cascada, donde los gobernadores, las personas diputadas, las alcaldesas y los alcaldes repiten ese discurso y se normalizó catalogar a la prensa como enemiga, cuando en realidad la prensa es parte de la democracia.
El segundo síntoma es el incremento en los casos
de acoso judicial, que incluye el indicador de abuso del poder público.
Citó que tan solo en 2025 documentaron 69 casos de procesos civiles, penales, administrativos y electorales iniciados contra periodistas y medios de comunicación, por sus publicaciones.
Explicó que los casos de acoso que ha sufrido por ejemplo Pulso, abren una alerta donde hay servidores públicos que tratan de catalogar el periodismo como un acto criminal, cuando en realidad el periodismo
debe permitirse y de hecho por el contrario, lo que se tendría que investigar son los actos de las personas funcionarias públicas.
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