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Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

No se establecen cuotas ni sanciones; las empresas conservarían libertad de selección sin discriminación.

Por Daniel Ortiz

Julio 28, 2026 05:17 p.m.

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Frinné Azuara Yarzábal/Foto: Pulso

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      Una iniciativa presentada por diputados del PRI, PVEM, Morena y Movimiento Ciudadano busca fomentar la contratación de personas LGBTTTIQ+ en instituciones públicas y empresas privadas de San Luis Potosí, sin establecer cuotas, obligaciones directas ni sanciones.

      La propuesta, firmada por Frinné Azuara Yarzábal, Héctor Serrano Cortés, Cuauhtli Badillo Moreno y Marco Gama Basarte, plantea modificar tres leyes estatales para incorporar disposiciones sobre inclusión laboral.

      En el sector público, señala que las dependencias estatales, municipales y organismos autónomos "promoverán" la inclusión de personas que se identifiquen como integrantes de esa comunidad. Para las empresas privadas con más de 20 trabajadores, propone incluir entre los objetivos de la Ley de Desarrollo Económico que se fomente su contratación.

      El proyecto no obliga a reservar vacantes ni fija porcentajes mínimos de contratación. Tampoco modifica los criterios de selección relacionados con preparación, experiencia, capacidad o perfil profesional. Las empresas conservarían la facultad de elegir a su personal, siempre que no incurran en discriminación.

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      Aunque la exposición de motivos anuncia un mecanismo "claro, verificable y progresivo", el articulado no incluye metas, plazos, indicadores, autoridades responsables ni procedimientos para evaluar resultados. Tampoco contempla incentivos para las empresas o sanciones por no participar.

      La iniciativa no establece cómo se identificaría a las personas beneficiarias ni qué medidas se aplicarían para proteger información sensible sobre orientación sexual o identidad de género.

      El documento cita como antecedentes a Argentina y Uruguay, donde existe una cuota de uno por ciento para personas trans en el sector público. La propuesta potosina, en cambio, no incorpora porcentajes ni reserva de puestos.