Obligarán instalar CJM en municipios con más violencia

Los municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres deberán ser la prioridad para la instalación de representaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la ley que rige a esta institución, con base en estadísticas oficiales en materia de violencia de género.

La modificación a la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado consiste en la adición de un último párrafo al Artículo 3º y fue impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira. Con este cambio, se establece que la expansión de estos centros deberá responder a la concentración territorial de la violencia y no a criterios administrativos o políticos.

El decreto reconoce que la violencia contra las mujeres en México no es un hecho aislado, sino un fenómeno social de carácter endémico, estructural y cultural, frente al cual la legislación y las políticas públicas han intentado ajustar de manera constante sus estrategias de intervención.

En ese marco se inscribe la creación, en 2012, de los Centros de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, como parte de una política nacional de prevención del delito que incorporó la perspectiva de género. Desde entonces, estos espacios operan bajo el modelo nacional definido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDP).

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Bajo ese modelo, el Centro de Justicia para las Mujeres ha orientado su funcionamiento a la coordinación y vinculación interinstitucional para garantizar a las mujeres víctimas de violencia atención integral, especializada y multidisciplinaria, con perspectiva de género y de derechos humanos, en un solo espacio. Con la reforma aprobada, se establece que las estadísticas deberán fungir como guía para dirigir recursos públicos a las zonas donde la instalación de estos centros pueda ofrecer apoyo a las mujeres que más lo necesitan, disposición que, al derivar de una Ley General, debe observarse a nivel estatal.