> Iniciativa polémica > Una raya más

La iniciativa de reforma de la Constitución local para cambiar los requisitos para la elección de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se les está complicando a los diputados.

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La inclusión de nuevos y muy específicos requisitos sobre la calidad obligatoria de potosinidad, el establecimiento de un piso de edad y la eliminación de calificaciones académicas mínimas, despertaron suspicacias. 

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La situación de los cambios del artículo tercero transitorio, que sufrió al menos dos cambios, elevó las dudas. Su inclusión es relevante porque esa norma garantizaba la permanencia de la actual titular, Manuela García Cázares, hasta la fecha prevista del fin de su encargo, el 22 de mayo de 2031.   

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La propuesta original, presentada el 30 de julio por la diputada petista Leticia Vázquez Hernández, no contenía ese transitorio. Le fue agregado el día seis por la Comisión de Puntos Constitucionales, que discutió la iniciativa. Sin embargo, un segundo dictamen de esa misma comisión, emitido en una sesión celebrada el día 10, ya no lo tenía.

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Y sin embargo, reapareció en la Gaceta Parlamentaria de la sesión que se celebra hoy. 

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Nadie en el Congreso explicó el vaivén del artículo, ni si será o no 

votado.

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Hay puntos relacionados con este asunto que alimentan la controversia sobre la posibilidad de que la iniciativa sea el paso previo a la salida de García Cázares de la FGE y la posibilidad de que la iniciativa pavimente el arribo de una figura ya seleccionada.

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Uno de ellos proviene de un trágico imprevisto. La diputada promovente, Leticia Hernández, es madre del joven que es señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido el 2 de agosto en Cerritos que causó la muerte de una muchacha.

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En ese municipio, familiares de la fallecida iniciaron una serie de protestas, exigiendo una investigación sin favoritismos. El lunes, García Cázares anunció que el hijo de la legisladora estaba imputado en este caso.

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Aunque la iniciativa se presentó antes de que ocurriera el accidente, este hecho puso a la legisladora y a la funcionaria en los extremos de una disputa legal.    

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En ese escenario, una iniciativa que pudiera implicar la remoción de la fiscal se vuelve un asunto más sensible.

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Pero quizá lo más serio sea la ida y vuelta del tercer transitorio, el que garantiza la permanencia de García Cázares.

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Y es que en el Congreso se menciona que no hubo dos sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir la iniciativa. 

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Sólo se habría registrado la del lunes 10 de agosto, y que de la del día 6, no se realizó. Esto es grave porque el dictamen que aparece en la Gaceta Parlamentaria está fechada el 6 de agosto, que nunca se registró.

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Es decir, que si no hubo sesión, no hubo un dictamen firmado, sin embargo, en la Gaceta apareció. El documento sería una mezcla de dos fuentes, un dictamen que incluye el tercero transitorio, y una lista de firmas de un dictamen que lo excluía. En términos claros, una falsificación será discutida por el Congreso.

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La sesión de la comisión del 10 también tiene visos de polémica. Dos participantes fueron excluidos de 

la reunión.    

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Esta legislatura del Congreso potosino suma una polémica más a la larga lista que ha cosechado, lo que implicará un impacto a su reputación.