› Reconstruir Derecho › Injusticia en el PJE
Por fin, y tras un proceso plagado de eventualidades, críticas y maniobras, la Facultad de Derecho de la universidad Autónoma de San Luis Potosí ya no está acéfala.
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Georgina González Cázares, académica e integrante del Consejo Técnico Consultivo, logró 26 votos de integrantes del Consejo Directivo Universitario (CDU), mientras que su colega Javier Delgado Sam la siguió con 21 sufragios. Luz María Lastras no registró votos. Algunos integrantes del CDU con derecho a voto quizá no tenían alguna opción y abandonaron la sesión. El rector Alejandro Zermeño Guerra se abstuvo.
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La sesión tuvo una particularidad: sólo asistió una de las personas aspirantes, el varón. A las dos mujeres, la convocatoria de la sesión extraordinaria de ayer las sorprendió cuando todavía estaban en viaje vacacional en el extranjero, por los que no les fue posible llegar.
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Como quiera, el resultado es un avance con respecto a las peripecias del pasado reciente, pero aún no es definitivo, pues está pendiente de resolución un amparo contra el proceso, lo que le genera un potencial riesgo de afectación.
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Así que, tardíamente, la UASLP saldó un pendiente que venía arrastrando del año pasado. El reto ahora para Georgina González es el recomponer el tejido social roto en la Facultad de Derecho por el caso de violación que desencadenó la crisis y lidiar con los grupos que seguramente quedarán inconformes con el resultado.
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En el Poder Judicial del Estado se está dando el clásico “quítate tú para ponerme yo” en la nómina. Como cada que llega una administración nueva a una instancia pública, se espera que la estructura de la nómina cambie con la búsqueda de espacios por parte de la administración entrante, en detrimento de aquellos ocupantes de plazas cuyo anterior respaldo haya perdido vigencia.
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Parece que tras el periodo de instalación de los nuevos magistrados, esto está ocurriendo. Decenas de empleados, de los más bajos niveles jerárquicos, están denunciando despidos que consideran injustificados.
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Lo anterior para ser reemplazados por personas impulsadas por algunos de los nuevos funcionarios, según las denuncias. Es decir, se desocupan plazas para que en lugar de los despedidos, lleguen personal promovido por sectores de las nueva administración.
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Resultaría una dolorosa contradicción que en la instancia encargada de velar por la justicia, se cometa alguna violación a los derechos de los trabajadores del PJE.
