Parlamento español rechaza medidas de vivienda en medio de protestas

MADRID (AP) — El gobierno progresista de España sufrió el viernes una costosa derrota política cuando los legisladores rechazaron un paquete de medidas de emergencia destinado a abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país, al tiempo que manifestantes se reunían fuera del Parlamento exigiendo ayuda para los inquilinos.

Gobierno enfrenta rechazo y especulaciones electorales

El revés desató especulaciones en los medios españoles de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría considerar adelantar las elecciones previstas para el próximo año. Su oficina no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre una posible convocatoria anticipada.

Sánchez habló al final de un debate parlamentario de cinco horas, haciendo un último llamado a los legisladores para que votaran a favor de las medidas que calificó de "necesarias".

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"Lo que está detrás de estos decretos es el deseo de poner orden y humanidad a un mercado que, si lo controlamos, acabará destrozando nuestra sociedad", señaló Sánchez a los otros 349 diputados.

"Hagan lo correcto porque, si no, la historia les juzgará y antes de lo que creen", concluyó Sánchez antes que cada diputado votara por llamamiento nominal.

Su ruego cayó en saco roto. El partido separatista catalán Junts llevó a cabo el anuncio hecho horas antes de que votaría en contra de ambos decretos. Eso condenó las medidas al combinarse con el "No" del Partido Popular de centroderecha y la ultraderechista Vox.

Las votaciones fueron abucheadas ruidosamente por los manifestantes que se habían congregado cerca, al tiempo que personas sentadas en la tribuna pública del hemiciclo lanzaban consignas contra quienes gobiernan el congreso.

Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, dijo que ahora la incertidumbre se cierne sobre la política española porque Sánchez tiene buenas razones tanto para convocar elecciones dentro de dos meses como para aguantar hasta el próximo año.

Sánchez, aunque es un popular líder progresista a nivel internacional, se ha visto rodeado por una serie de casos judiciales contra su Partido Socialista e incluso su familia, que todos niegan haber cometido irregularidades. Su gobierno también ha sido duramente criticado por una crisis migratoria en Ceuta.

"Es verdad que el contexto de la vivienda es más favorable que la corrupción", dijo Bartomeus a la AP. "La convocatoria, si lo convocara hoy, tiene que pasar 54 días. En 54 días puede pasar de todo".

Protestas y contexto social tras desalojo en Madrid

El primer decreto presentado por el gobierno busca frenar los desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación inmobiliaria y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el alquiler. El segundo decreto pretendía que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a petición de los inquilinos.

El principal grupo de protesta, la asociación de inquilinos Sindicato de Inquilinas, anunció que estaba convocando más protestas el sábado y presionando para una huelga general.

Las medidas pretendían apaciguar la indignación pública tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años la semana pasada en Madrid, que desató protestas y una acampada que, desde entonces, ocupa la plaza más importante de Madrid.

Fuera del parlamento, los manifestantes levantaron carteles con imágenes de buitres, denunciando a los especuladores inmobiliarios —a los que culpan de disparar los precios.

La manifestante Carla Cremonte, una empleada de oficina de 34 años, lamentó que los partidos de derecha se hubieran unido para votar en contra de intereses de la mayoría y de los trabajadores de España".

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio medio por metro cuadrado ha subido de 8,20 euros en 2016 a 15,1 euros (17,15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.

La anciana cuyo desalojo desencadenó las protestas, Maricarmen Abascal, se ha convertido en un símbolo de la lucha para abaratar la vivienda en el país del sur de Europa, donde muchos no pueden permitirse comprar una casa y se ven asfixiados por un mercado de alquileres reducido.

La empresa que la desalojó finalmente cedió esta semana bajo una inmensa presión pública y política y anunció que ella puede regresar al apartamento. La mujer se encuentra hospitalizada desde que fue sacada de su casa en una camilla, pero su abogada comentó que está contenta de saber que volverá a su vivienda.

No está claro qué hará el gobierno a partir de aquí. Podría trabajar en nueva ley —a menos, claro, que Sánchez apriete el gatillo de unas elecciones.

Junts es uno de un grupo de pequeños partidos a los que Sánchez necesitó cortejar cuando formó un nuevo gobierno en 2023. Desde entonces ha demostrado ser un socio político espinoso. Su líder, el separatista Carles Puigdemont, reside en Bélgica desde que huyó de España tras encabezar un intento fallido de convertir el noreste de Cataluña en una nación independiente en 2017.

Míriam Nogueras, de Junts, argumentó que los decretos sólo llevarán a que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado de alquiler y, por tanto, a que los precios suban aún más.

"Estos decretos siguen permitiendo que los especuladores compren propiedades y desahucien a la gente", destacó Nogueras.

Junts instó al gobierno a negociar enmiendas. El gobierno se negó.

"Esto no es un fracaso colectivo, señora ministra, es un fracaso de usted y del sanchismo", sostuvo Juan Bravo, del Partido Popular, a Rodríguez.

El partido vasco de centroderecha y la pequeña Coalición Canaria, cuyo apoyo el gobierno también necesitaba, también votaron en contra del segundo decreto tras respaldar el primero. Ambos criticaron al gobierno por apresurarse a actuar mediante decreto en lugar de elaborar legislación con otros partidos.