CIDH condena asesinatos de 7

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurridos en la misma semana, y de cinco más ocurridos en 2026.

Urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar medidas urgentes y efectivas con el fin de proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir nuevos ataques contra la prensa.

"Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto y evidenciándose, por el contrario, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas y efectivas para prevenir su consumación", declaró la CIDH.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó que, de acuerdo con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de dicha Comisión, "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

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Hizo hincapié en que la violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura y tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Debido a lo cual hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas a hacer investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales acerca de los hechos ocurridos, incorporando la labor periodística de las víctimas como una posible línea de investigación, así como a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables. Además, le instó a adoptar medidas de protección inmediatas y adecuadas en favor de sus familiares.

De igual forma, ante la grave situación de violencia registrada contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en lo que va del presente año, esta Relatoría reiteró su llamado a llevar a cabo, con carácter urgente, una evaluación integral de la efectividad de los mecanismos de protección existentes, para garantizar respuestas oportunas y prevenir futuros hechos de violencia contra la prensa en riesgo.