CNDH realiza evaluaciones psicológicas a víctimas de represión
Se estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para fortalecer la investigación conjunta.
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vLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciará este miércoles la aplicación de evaluaciones médicas y psicológicas, incluido el Protocolo de Estambul, para investigar posibles actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas que participaron en la manifestación por el derecho al agua potable, realizada el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco.
El organismo, encabezado por Rosario Piedra, informó en un comunicado que las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias de las detenciones, documentar las lesiones y afectaciones denunciadas por los manifestantes y determinar posibles violaciones a los derechos humanos durante o después de la intervención de las autoridades de seguridad.
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La CNDH precisó que dará seguimiento a las condiciones de las personas afectadas, entre ellas cuatro que permanecen sometidas a proceso judicial, y adoptará las medidas que resulten necesarias para proteger sus derechos.
Por instrucciones de Piedra Ibarra, a partir de este 21 de octubre comenzarán los trabajos de coordinación entre las áreas especializadas que participarán en la investigación, con el propósito de fortalecer las diligencias y esclarecer las denuncias presentadas por las personas afectadas.
Entre las actuaciones previstas se encuentran evaluaciones técnicas y documentación médico-psicológica para determinar la existencia de posibles lesiones y afectaciones físicas y psicológicas relacionadas con los hechos.
Para ello, se aplicará, según las necesidades de cada caso, el Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para investigar y documentar posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La investigación estará a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, adscrito a la Quinta Visitaduría General; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas, y de la Oficina Regional de la CNDH en Jalisco.
Los trabajos se desarrollarán bajo la conducción de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.
Asimismo, la CNDH informó que estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con la cual acordó un plazo máximo de cinco días para la entrega del expediente relacionado con los acontecimientos del 11 de octubre.
Ambas instituciones también acordaron fortalecer sus mecanismos de comunicación para coordinar las tareas de investigación.
El organismo nacional señaló que la documentación proporcionada por la comisión estatal, los testimonios recabados por su personal y los resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas serán fundamentales para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.
Indicó que las diligencias deberán desarrollarse con objetividad, imparcialidad y respeto a la dignidad e integridad de las personas involucradas.
La CNDH sostuvo que continuará investigando la actuación de las autoridades de seguridad, las circunstancias en que se realizaron las detenciones y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los acontecimientos.
También señaló que dará seguimiento a la situación de los cuatro manifestantes sometidos a proceso, sin precisar los delitos que se les imputan.
El organismo aclaró que todavía no existen conclusiones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y que cualquier determinación deberá sustentarse en las pruebas recabadas.
"La Comisión Nacional no adelanta juicios ni conclusiones. Estos se emitirán en su momento, con los elementos que permitan sustentarlos", puntualizó.
Sostuvo que la investigación requiere rigor técnico, escuchar directamente a las víctimas y realizar las diligencias necesarias para contribuir al esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la adopción de medidas que impidan su repetición.
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