¿De qué acusa la FGR a César Jáuregui?

El exfiscal General del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, es acusado formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de Traición a la Patria, previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal.

"Al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero", señala dicho artículo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La orden de aprehensión fue librada el 17 de octubre de 2026 por la Jueza de Distrito Mariana Vieyra Valdés, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
De acuerdo con el documento, en poder de EL UNIVERSAL, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el desmantelamiento del narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua "no constituye la conducta delictiva en sí misma", sino que el hecho penalmente relevante radica en "la intromisión ilegal y no autorizada de agentes de inteligencia extranjeros en labores operativas de seguridad interna del país, evadiendo los controles de la Federación".

Relación del exfiscal de Chihuahua con agentes de la CIA
De acuerdo con la jueza Mariana Vieyra, las conductas en las que incurrió Jáuregui Moreno, suficientes para el libramiento de la orden de captura fue llevar a cabo reuniones en las propias instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, en Chihuahua, con un grupo de cuatro ciudadanos estadounidenses, identificados posteriormente en las indagatorias como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); coordinar, permitir y facilitar que los cuatro agentes extranjeros intervinieran en campo y con armamento en el operativo desplegado entre el 16 y el 19 de abril de 2026 en el ejido "El Pinal", municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un mega-narcolaboratorio; y omitir informar de manera deliberada y por escrito al Gobierno Federal sobre la presencia, despliegue y posterior fallecimiento de los oficiales extranjeros, "vulnerando de manera directa los canales constitucionales de política exterior y seguridad nacional".
La jueza detalló que todo lo anterior "se ejecutó en coautoría material con el entonces Fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo".
Como datos de prueba, el expediente judicial integró diversos registros e informes periciales que contradicen las primeras versiones públicas dadas por el gobierno estatal, entre las que destacan pruebas de que la madrugada del 19 de abril de 2026, una unidad oficial Ford F150 de la Fiscalía de Chihuahua se desbarrancó y calcinó en una brecha cercana a Polanco, donde se rescataron los cuerpos del Director de la Agencia Estatal de Investigación (Pedro Román Oseguera Cervantes), su escolta y los ciudadanos estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, cuyos pases migratorios demostraron que ingresaron al país sin acreditación para tareas operativas.
Más de 20 entrevistas de policías ministeriales que confirmaron que desde la salida del convoy en el C4 de Chihuahua se integraron los civiles extranjeros, quienes viajaban encapuchados, con uniformes tácticos civiles claros, portando equipo tecnológico (tabletas y drones) y comunicándose estrictamente en inglés con el director Oseguera.
Los peritajes informáticos y de fotografía forense que confirmaron la presencia de los agentes extranjeros dentro de las instalaciones institucionales.
El documento señala que derivado de las pruebas, la jueza determinó que existía una necesidad de cautela justificada por el riesgo de sustracción de la justicia y la falta de arraigo de los imputados.
Los informes de investigación de la Policía Federal Ministerial advirtieron que al realizar búsquedas en los múltiples domicilios registrados a nombre de Jáuregui Moreno en Chihuahua y Ciudad Juárez, los ocupantes y vecinos refirieron que el exfuncionario ya no habitaba ahí o que tenía meses sin ser localizado. Aunado a esto, se valoró que la penalidad del delito, que va de 5 a 40 años de prisión, y las conexiones de alto nivel derivadas de sus cargos representan un incentivo latente de fuga, motivo por el cual se ordenó su captura inmediata para ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" o en el penal federal que designe la autoridad penitenciaria.