Proponen garantizar tratamiento contra VIH en penales
La iniciativa de MC busca impedir que la reclusión sea motivo para suspender o retrasar medicamentos y atención médica
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Ciudad de México.- La diputada federal Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar el acceso efectivo y continuo al tratamiento antirretroviral de las personas privadas de la libertad que viven con VIH.
La iniciativa plantea modificar el artículo 9 de dicha legislación para establecer que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar los estudios, medicamentos, consultas y demás servicios necesarios para el seguimiento y la atención integral de los pacientes.
La propuesta también busca precisar que la privación de la libertad no podrá utilizarse como motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente un tratamiento médico.
En la exposición de motivos se advierte que las infecciones de transmisión sexual han registrado un incremento sostenido en México durante los últimos años, especialmente después de la pandemia. El documento señala que durante 2025 fueron identificados más de 10 mil 700 nuevos casos de VIH.
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De acuerdo con la iniciativa, el aumento se concentra principalmente entre personas de 15 a 29 años y poblaciones consideradas de mayor riesgo. También alerta sobre un posible subdiagnóstico, debido a que diversas infecciones pueden desarrollarse sin síntomas.
El proyecto cita información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según la cual las personas recluidas tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH que la población general. Añade que alrededor del 4.6 por ciento de la población penitenciaria mundial vive con el virus.
La legisladora argumentó que las personas con VIH recluidas enfrentan dificultades para recibir oportunamente sus medicamentos, además de situaciones de estigma y discriminación.
La propuesta también retoma la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que considera que vivir con VIH o sida no debe ser motivo para restringir derechos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación. Por ahora, se trata de una propuesta y no de una reforma aprobada.
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