El espejismo del bienestar en México: el divorcio entre la política pública y la política social

En mi columna anterior, sostuve que gobernar en México no implica necesariamente transformar el sistema, sino aprender a sobrevivir dentro de él. Hoy, esa idea encuentra una de sus expresiones más claras en el ámbito del bienestar: un terreno donde las soluciones parecen multiplicarse, pero los problemas persisten.

La pregunta es inevitable: ¿por qué, después de décadas de intervención estatal, los problemas sociales en México no encuentran soluciones integrales? La respuesta no está únicamente en la falta de recursos o en errores de implementación, sino en una falla más profunda: una fractura estructural en la forma en que el Estado concibe y articula sus políticas públicas y sus políticas sociales.

En la práctica gubernamental mexicana, ambas han operado como sistemas paralelos. Por un lado, la política pública se entiende como el espacio técnico de planeación, regulación y diseño estratégico del Estado. Por otro, la política social se ha reducido, en gran medida, a un instrumento de distribución directa, asistencial y de corto plazo. El resultado es un Estado que piensa por un lado y reparte por otro.

Esta separación no es menor. Cuando la política social se desconecta de la política pública, deja de ser parte de una estrategia integral de desarrollo y se convierte en un mecanismo aislado de contención. Así, los programas sociales atienden síntomas, pero no transforman las condiciones estructurales que producen pobreza, desigualdad o rezago.

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El proceso más reciente de esta fractura se consolidó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La llamada “constitucionalización del bienestar” elevó los programas sociales a rango de derechos, particularmente a través de su incorporación al artículo 4º constitucional. En apariencia, se trató de un avance histórico: el bienestar como obligación del Estado. Sin embargo, este movimiento vino acompañado de un fenómeno menos visible, pero más determinante: la desinstitucionalización de la política social. Se debilitaron mecanismos de evaluación, se desmantelaron estructuras técnicas intermedias y se sustituyeron por esquemas de transferencia directa sin mediación institucional robusta. El énfasis dejó de estar en construir capacidades estatales y se desplazó hacia la entrega inmediata de recursos.

El resultado es una paradoja: mientras el bienestar se fortalece en el plano jurídico, se debilita en el plano institucional. La política social gana legitimidad normativa, pero pierde capacidad operativa, seguimiento y articulación con el resto del aparato estatal. El gobierno actual no ha revertido esta tendencia. Por el contrario, la ha profundizado al mantener la lógica distributiva como eje central del bienestar, sin reconstruir los puentes con la planeación económica, educativa o productiva. Así, la política social continúa operando como un brazo autónomo, con bajo anclaje institucional y escasa coordinación con las políticas públicas que deberían darle sentido.

De ahí la imagen que define nuestro presente: la política pública y la política social avanzan en carriles paralelos. Mientras las políticas públicas diseñan estrategias macro sin suficiente anclaje social, las políticas sociales reparten beneficios sin integrarse a una visión de largo plazo. Entre ambos mundos no hay articulación, sino distancia.

Este divorcio explica, en buena medida, por qué los grandes problemas nacionales se reproducen. El rezago educativo, la informalidad laboral o la desigualdad no son únicamente fallas sectoriales, sino expresiones de una gobernanza fragmentada que no logra integrar sus propias decisiones.

Superar este espejismo implica algo más que rediseñar programas. Exige repensar la arquitectura del Estado. La política social no puede seguir siendo un apéndice asistencial, ni la política pública un ejercicio tecnocrático desconectado de la realidad social. Ambas deben formar parte de un mismo proceso de gobernabilidad, donde la planeación, la implementación y la evaluación converjan en una lógica común: el desarrollo humano.

Porque al final, el verdadero bienestar no se reparte: se construye. Y mientras el Estado mexicano siga dividido entre lo que piensa y lo que hace, ese bienestar seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa… y en el peor, un espejismo.

louis.mballa@uaslp.mx