Extorsión, donde todo cabe

El 28 de noviembre de 2025, en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Con esta norma nace un tipo penal único, aplicable en todo el país, que reemplaza la variedad de definiciones estatales y federales existentes, y armoniza leyes secundarias como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Lo que parece ser un avance jurídico razonable puede en realidad ser un gran riesgo.

El corazón de la nueva ley se encuentra en su artículo 15: “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un daño...”. La pena va de quince a veinticinco años de prisión y se incrementa de manera exponencial con cada agravante. 

La amplitud del verbo “obligar” se convierte en un paraguas capaz de cobijar desde el clásico cobro de piso del crimen organizado hasta el reclamo insistente de un vecino, pasando por la exigencia de un sindicato. Aunque la intención de cerrar el paso a las múltiples formas de presión económica y social es comprensible, el riesgo de sobrepasarse en inclusión es evidente y una ley que busca castigar a los extorsionadores puede terminar incluyendo a medio país, Así de simple. Así de riesgoso.

Esta ley no es solamente penal: es estructural. La extorsión no solo se castiga como delito autónomo, sino que se enlaza directamente con la delincuencia organizada. En múltiples escenarios, la persona acusada será tratada igual que un narcotraficante, secuestrador o tratante: prisión preventiva oficiosa, atracción por parte de la Fiscalía General de la República, decomiso de bienes por vía de extinción de dominio y negación total de beneficios penitenciarios. Esto, incluso antes de que se dicte una sentencia.

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La lista de agravantes es enorme. Si el hecho ocurre contra comerciantes, empresarios, agricultores, prestadores de servicios, migrantes, menores o personas mayores; si se usan sindicatos, cámaras, organizaciones civiles o dependencias públicas para imponer condiciones; si se ejerce presión usando datos personales, redes sociales, aplicaciones, plataformas digitales o simplemente una narrativa de riesgo inminente, la pena se eleva. Y si, además, se emplea violencia, se porta un uniforme oficial o se finge pertenecer a un grupo criminal, el castigo se dispara aún más. En algunos casos, las penas podrían superar los cuarenta años de prisión.

Incluso se sanciona con dureza a quien preste auxilio al extorsionador, a servidores públicos que filtren datos o se abstengan de denunciar, y a personas que introduzcan un celular en un penal. Como si todo el sistema se articulara bajo una lógica expansiva, en la que lo importante no es entender la causa del delito, sino castigar cualquier posible eslabón, directo o indirecto, del fenómeno.

La ley impone a los concesionarios de telecomunicaciones obligaciones de bloqueo, rastreo en tiempo real y cancelación de líneas asociadas a llamadas extorsivas, sin detenerse a preguntarse cómo siguen entrando teléfonos a los penales. Contra esto, el nuevo marco legal ofrece más años de prisión, pero ninguna garantía de control interno.

El componente simbólico de esta reforma es quizás el más inquietante. Al nombrar a la extorsión como delito de delincuencia organizada, el Estado declara una guerra frontal y sin cuartel contra un enemigo difuso. El problema es que cuando el enemigo puede ser cualquiera, también cualquiera puede ser víctima del poder de castigo del Estado.

En un país donde la línea entre presión legítima y coacción es borrosa (pensemos en protestas, bloqueos, huelgas, reclamos gremiales o exigencias sociales), esta ley se presta peligrosamente para usos políticos o represivos. El “obligar sin derecho” puede convertirse en un criterio moldeable al capricho de quien investiga, acusa o juzga.

@jchessal