Denuncia GIRE protocolo de criminalización del aborto

En el país, los servicios de salud pública aplican un "protocolo de criminalización" del aborto, es decir, dinámicas institucionales articuladas a partir del estigma como delito, que afectan tanto a las personas usuarias como a sus acompañantes, reveló el estudio ¿Cómo se vive la criminalización?, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Documentó que se identificaron distintos tipos de prácticas que no siempre derivan en la apertura de una carpeta de investigación, sin embargo, sí convierten la atención médica en un espacio de persecución y criminalización.

En conferencia de prensa virtual, la organización no gubernamental (ONG), subrayó que se trata de acciones que no tienen consecuencias legales directas, pero que generan profundos sentimientos de culpa, vigilancia y desprotección.

Explicó que ocurre cuando el personal asume, sin evidencia clínica ni diálogo con la persona usuaria, la comisión del delito de aborto.

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Es decir, elabora una narrativa de culpa antes de hacer una valoración médica completa. Por ejemplo, si la mujer refiere que tomó una pastilla para el dolor, se presume que fue misoprostol; si presenta sangrado, se asume que es producto de una acción deliberada.

Evidenció que, en la negligencia médica se minimizan síntomas, retrasan intervenciones necesarias, niegan analgésicos, emiten comentarios moralizantes y ejercen tratos degradantes.

"Se habla de un protocolo porque, aunque estas prácticas no están formalizadas en manuales, se repiten de manera sistemática en los casos analizados y parecen configurar un patrón reconocible", remarcó.

Aunque desde el 7 de noviembre del 2024, el Poder Legislativo despenalizó el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, en nueve meses del 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) acumula 10 carpetas de investigación por dicho ilícito en las acepciones que considera el Código Penal del Estado.