"Justicia ambiental debe integrarse a la ecológica"

En el marco del 11° Congreso Peatonal, la doctora María Suhey Tristán Rodríguez, especialista en justicia ambiental y derecho a la ciudad, advirtió que ciertos sectores de las ciudades mexicanas y latinoamericanas soportan de manera desproporcionada los efectos de la contaminación y enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos y bienes urbanos.

"Estas desigualdades no son accidentales, son producto de la planeación urbana y de normas legales que, lejos de garantizar derechos, consolidan la segregación socioespacial y la injusticia ambiental", señaló la académica de la Clínica de Litigio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Tristán Rodríguez explicó que instrumentos como los planes de desarrollo urbano, lejos de proteger derechos, han perpetuado estas inequidades. "El derecho, más allá de posibilitar el acceso a derechos humanos como el derecho a la ciudad o la protección ambiental, no se ha puesto de acuerdo en quiénes son los sujetos que tienen acceso a esos beneficios", afirmó.

La especialista consideró que la justicia ambiental urbana debe integrarse con la justicia ecológica y reconocer la desigualdad histórica en el acceso a bienes y servicios. Recordó que la mayoría de la población mundial ya vive en ciudades y que, para 2030, casi dos terceras partes de las personas habitarán entornos urbanos. Sin embargo, los municipios, responsables de planear estas ciudades, suelen carecer de recursos económicos, operativos y técnicos, lo que genera un modelo urbano que distribuye de manera desigual no solo agua, aire limpio y suelo, sino también poder, riqueza y oportunidades. "Mientras se permite a unos acceder, a otros se les excluye", advirtió.

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En su ponencia "Justicia Espacial y Derecho a la ciudad", criticó el uso superficial del concepto de "ciudad sostenible" promovido por organismos internacionales, al que calificó como una forma de "capitalismo verde" que no aborda los derechos fundamentales ni su ideologización. Propuso, en cambio, hablar de "ciudad ambientalmente justa", enfatizando la equidad en el acceso a bienes y servicios urbanos y la reparación de desigualdades históricas.

La especialista citó estudios de Robert Bullard sobre racismo ambiental en Estados Unidos, que evidencian cómo ciertos barrios soportan desproporcionadamente los efectos de la contaminación. En México y en San Luis Potosí, esta exclusión se refleja en la ubicación de viviendas de interés social, industrias y tiraderos de desechos, perpetuando la marginalidad y afectando derechos fundamentales como el acceso al agua, la movilidad y el aire limpio. "La injusticia ambiental es la cara ecológica de la injusticia social", puntualizó.

Tristán Rodríguez subrayó también la necesidad de incluir la perspectiva de género en la planeación urbana, ya que las mujeres, por sus roles de cuidadoras y determinismos biológicos, enfrentan impactos diferenciados de la contaminación, como el aumento en casos de cáncer de ovario relacionados con contaminantes ambientales.

La académica concluyó que la justicia ambiental urbana debe guiar un urbanismo que no segregue, sino que proteja, repare y reivindique los derechos de quienes históricamente han sufrido violaciones estructurales.