Protesta por presunto acoso laboral en juzgado federal

Más de tres años después de que comenzaron las quejas, trabajadores del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Luis Potosí siguen exigiendo que se determine si existen responsabilidades por presunto hostigamiento y acoso laboral.

Entre los señalamientos hay jornadas que superarían las 15 horas, falta de pago de horas extraordinarias y afectaciones a la salud de empleados.

El conflicto involucra a la titular del juzgado, Ana Ley Flores Sánchez, quien ya había sido señalada antes de su llegada a San Luis Potosí. En 2022, mientras estaba adscrita a un juzgado federal en Nayarit, trabajadores presentaron una queja por presuntas irregularidades y malos tratos.

En SLP, las acusaciones se hicieron públicas desde 2024 y ese mismo año se realizó una visita extraordinaria de inspección para revisar la situación.

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Jorge Luis Ramírez Osuna, actuario judicial, calculó que más de 100 servidores públicos habrían resultado afectados desde que comenzaron las inconformidades. Actualmente, dijo, entre 15 y 20 trabajadores participan directamente en las denuncias.

El funcionario señaló que existen dos quejas en investigación y que esta semana fue notificada y emplazada una demanda laboral promovida por integrantes del cuerpo actuarial.

La falta de personal y la rotación dentro del juzgado, según los trabajadores, han incrementado las cargas para quienes permanecen en sus puestos.

A ello sumaron horas extraordinarias que no siempre son reconocidas ni pagadas. También relacionaron estas condiciones con licencias médicas por estrés y problemas de salud mental, permisos sin goce de sueldo y jubilaciones anticipadas.

María Estrella Ortiz Flores, secretaria general de la sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que las quejas contra la titular han sido presentadas durante un periodo prolongado ante el órgano de administración judicial, pero afirmó que no han sido resueltas.

Este viernes, los trabajadores realizaron una protesta pacífica fuera de su horario laboral y plantearon una exigencia concreta: que el Tribunal de Disciplina Judicial revise de manera conjunta las denuncias y determine si existe alguna responsabilidad.