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Se investiga muy poco la corrupción

Datos del Inegi ubican a la entidad muy lejos de la media nacional

Por Samuel Moreno

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.

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Se investiga muy poco la corrupción

San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con menor número de investigaciones por presuntas faltas administrativas en el país, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Los indicadores nacionales de 2025 muestran que la experiencia ciudadana frente a la corrupción continúa siendo crítica en ámbitos como seguridad pública y trámites gubernamentales.

Según el reporte del INEGI, en 2023 San Luis Potosí registró una tasa de 10.5 investigaciones por cada mil servidores públicos, cifra significativamente menor al promedio nacional de 24.8 investigaciones. Aunque el instituto no ha desagregado aún las tasas estatales más recientes para 2024 y 2025, la entidad sigue ubicada en el grupo de menor incidencia, junto con estados como Sinaloa, Yucatán y Tlaxcala, que reportaron menos de cuatro investigaciones por cada mil empleados públicos.

En contraste, las cifras nacionales dejaron ver enormes disparidades: Quintana Roo y Chihuahua superaron las 130 investigaciones por cada mil servidores públicos, mientras que entidades como Aguascalientes, Coahuila y Estado de México mostraron tasas que van de las 69 a 76 investigaciones. A nivel de la Administración Pública Federal abrió 40 mil 145 expedientes por presunta responsabilidad administrativa en 2023, lo que equivale a la misma tasa promedio nacional de 24.8 por cada mil servidores públicos.

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Pese a la posición relativamente favorable de San Luis Potosí en materia de investigaciones administrativas, los datos más recientes de 2025 revelan que la corrupción continúa afectando significativamente a la población. 

En zonas urbanas del país, 45.2 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en el primer semestre del año reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción. Además, 8.9 por ciento de la población adulta que realizó trámites, pagos o solicitudes ante dependencias gubernamentales señaló haber enfrentado situaciones irregulares.