La Pachamama en Bolivia

La charla “Defensa e inspiración de la Madre Tierra – Pachamama como Ajayu y fundamento de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Avances y perspectivas”, presentado por la diplomática Maribel Apaza, el día de hoy a las 18:00 hora en el Palacio Municipal de San Luis Potosí ofrece una mirada sobre cómo la cosmovisión indígena se incorporó al diseño institucional boliviano entre 2009 y 2024. 

La ponencia abordará el significado de “Ajayu”, la personificación de la Pachamama como sujeto jurídico, los logros legales e institucionales alcanzados, los retos surgidos en conflictos territoriales como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Seguro (TIPNIS) y las respuestas indígenas actuales frente al extractivismo.

El concepto de “Ajayu” alude al espíritu vital. En la Constitución boliviana, se reconoce a la Madre Tierra no como un recurso, sino como un sistema viviente con entidad propia. A partir de la Ley 071 de 2010, la Pachamama se consolida como sujeto colectivo de interés público, titular de derechos que pueden ser defendidos judicialmente. 

Esta visión redefine la relación del Estado con el entorno, colocándolo a la Madre Tierra como parte del entramado político y cultural.

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Incorporar a la Pachamama como sujeto jurídico implicó transformar el paradigma constitucional desde una visión antropocéntrica hacia una más ecológica y plurinacional. Desde el preámbulo constitucional de 2009 se fundamenta este giro, consolidando una estructura que reconoce derechos de la naturaleza y se articula con la noción de suma qamaña o “buen vivir”, basada en la armonía comunitaria con lo natural  

La institucionalización del Estado Plurinacional materializó estas ideas mediante la creación del sistema judicial indígena, los territorios indígenas autónomos y el reconocimiento jurídico de recursos naturales. Sin embargo, el caso del TIPNIS puso en evidencia los límites de ese modelo: a pesar de una ley que declaraba intangible el territorio, el proyecto de carretera impulsado en 2011 generó retrocesos legales que culminaron en la derogación de esa protección en 2017.