Avanza en el Senado reforma contra la piratería digital

Las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República han aprobado de manera rápida el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta iniciativa busca regular la responsabilidad de las plataformas digitales frente a la piratería, lo que ha llevado a que se le denomine la "Ley Antimes" debido a las preocupaciones sobre una posible censura de contenidos publicados.

En una sesión que duró menos de 40 minutos y que careció de un amplio debate, la reforma fue aprobada con 19 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y siete en contra. La propuesta, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de críticas por parte de senadores de oposición quienes argumentan que resulta en la censura de materiales críticos hacia el gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T) y en presiones para los administradores de plataformas digitales.

El dictamen, que ha sido enviado al pleno de la Cámara Alta y podría ser votado en el mismo día, modifica el artículo 114 Octies y añade los artículos 114 Nonies y 232 Septies. Introduce formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales. La reforma exige que las empresas tecnológicas implementen políticas que permitan la suspensión o baja definitiva de servicios de internet o cuentas de usuarios que reincidan en infringir los derechos de autor.

Además, se establece que las plataformas que no eliminen contenido infractor de manera inmediata se considerarán corresponsables. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá la facultad de sancionarlas con multas que podrían alcanzar hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a más de 4.3 millones de pesos. La reforma también endurece las restricciones contra el uso no autorizado de imágenes, voces o rostros alterados a través de herramientas digitales e inteligencia artificial. Asimismo, se estipula que los proveedores de internet deberán implementar medidas para suspender o incluso cancelar el servicio a aquellos usuarios que violen repetidamente los derechos de autor.

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Legisladores de oposición han criticado estas disposiciones, subrayando no solo el riesgo de censura, sino también la posibilidad de limitar el acceso de los ciudadanos a otros derechos fundamentales.