Prohíbe SCJN a Villa de Arriaga cobro por instalar vías férreas
El fallo se da tras una controversia constitucional en contra de la Ley de Ingresos 2025
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el cobro que el Ayuntamiento de Villa de Arriaga pretendía aplicar por instalación de vías férreas dentro de su territorio, al determinar que los municipios carecen de facultades para imponer contribuciones sobre infraestructura vinculada a un sector cuya regulación corresponde exclusivamente a la Federación.
La resolución deriva de la controversia constitucional 67/2025 promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra la Ley de Ingresos 2025 de Villa de Arriaga, aprobada por el Congreso del Estado. La norma autorizaba el cobro de 1.50 pesos por metro lineal de vías de ferrocarril y una cuota de 620 pesos por los trámites de licencia de construcción para infraestructura de generación eólica.
Por mayoría de siete votos contra dos, el Pleno de la SCJN declaró inválido el gravamen aplicado a la infraestructura ferroviaria al concluir que el artículo 28 de la Constitución reserva al Estado mexicano la rectoría de este sector estratégico. Además, sostuvo que únicamente el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones relacionadas con servicios públicos concesionados o explotados por la Federación, por lo que el municipio no puede exigir ese pago.
En contraste, el cobro previsto para la infraestructura de generación eólica permanecerá vigente. Aunque cinco ministros consideraron que también debía declararse inconstitucional por involucrar instalaciones vinculadas al Sistema Eléctrico Nacional, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos requerida para invalidar una disposición legal, por lo que el gravamen se mantiene en la Ley de Ingresos municipal.
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La sentencia, emitida por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra ponente María Estela Ríos González, ordena al Ayuntamiento de Villa de Arriaga suspender la aplicación de la cuota relacionada con las vías férreas una vez que sea notificado formalmente el Congreso del Estado. El fallo se suma a otros criterios recientes de la Corte que han frenado cobros municipales sobre infraestructura estratégica federal, como ocurrió previamente con disposiciones aprobadas para Villa de Ramos.
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