SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas
El máximo tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles para demostrar avances
La SCJN/Foto: Archivo
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a requerir al Congreso del Estado para que acredite las acciones emprendidas para cumplir la sentencia que lo obliga a realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
El máximo tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles para demostrar avances y apercibió con imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo, en caso de incumplimiento.
El acuerdo, emitido el 1 de julio dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, se da luego de que el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso, Walter Alfonso Espinoza Huerta, informara sobre una reunión sostenida el pasado 26 de mayo con personal de la SCJN para revisar el cumplimiento de la sentencia. En el documento también expuso que existen obstáculos sociales, económicos, presupuestales, logísticos y de tiempo para organizar las consultas.
La Corte ordenó al Congreso entregar evidencia de las gestiones realizadas con el Poder Ejecutivo y otras autoridades para garantizar los recursos necesarios para las consultas. Además, deberá presentar un cronograma con las etapas, plazos y acciones previstas para desarrollarlas durante 2026 y continuar posteriormente con la adecuación de la Ley de Educación del Estado, conforme a lo ordenado en la sentencia.
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El requerimiento ocurre después de que, en mayo, el propio Congreso reconociera que no cuenta con presupuesto suficiente ni con una ruta definida para cumplir las resoluciones de la SCJN. Las y los legisladores informaron que trabajan en un protocolo para reducir hasta en 80 por ciento el costo de las consultas, estimado en alrededor de 15 millones de pesos, y analizan un convenio con el Gobierno del Estado para que el INDEPI participe en su organización.
Las consultas pendientes fueron ordenadas por la Suprema Corte tras anular procesos anteriores por irregularidades en su ejecución. Los ejercicios deberán realizarse con pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad antes de que el Congreso pueda concretar las reformas a la Ley de Educación del Estado.
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