Congreso pondría a acusados de opacidad a resolver quejas: CO
La organización advierte que las nuevas leyes convertirían a las autoridades en juez y parte
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La organización civil Ciudadanos Observando acusó al Congreso del Estado de impulsar, sin una discusión pública suficiente, reformas que podrían debilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas en San Luis Potosí.
El señalamiento se dirige contra las iniciativas presentadas por el diputado del Partido Verde, Luis Felipe Castro Barrón, para expedir las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
De acuerdo con la asociación, las propuestas fueron elaboradas sin una apertura efectiva para recibir observaciones de especialistas, académicos, organizaciones civiles y usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ciudadanos Observando señaló que el estado ya atraviesa una etapa complicada en la materia, debido a que numerosos sujetos obligados incumplen con la publicación correcta de la información establecida en la ley y niegan datos solicitados por la ciudadanía.
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Ante ese panorama, consideró todavía más grave que las iniciativas pretendan convertir al Gobierno estatal, los ayuntamientos, el Poder Judicial y el propio Congreso en "juez y parte".
La asociación explicó que, si alguna de estas instituciones niega información, la persona afectada tendría que presentar su inconformidad ante la misma autoridad responsable, para que esta determine si actuó correctamente.
"Quienes ocultan la información serían también quienes resolverían las inconformidades en su contra", cuestionó la agrupación, al considerar que este modelo debilitaría el derecho de acceso a la información y abriría más espacios para la opacidad.
Ciudadanos Observando también rechazó la creación del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG)como un organismo desconcentrado de la Contraloría General del Estado. Afirmó que esa estructura lo dejaría subordinado al Poder Ejecutivo, en vez de garantizar su independencia.
Según el análisis de la organización, el titular del IPAG sería designado directamente por el gobernador. Además, se ampliaría de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes y las obligaciones de transparencia podrían actualizarse cada tres meses, en lugar de mensualmente.
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La asociación también advirtió falta de claridad respecto de las sanciones aplicables a los funcionarios e instituciones que incumplan sus obligaciones.
Recordó que los legisladores prometieron consultar a especialistas y organizaciones ciudadanas, pero calificó el proceso como una simulación similar a la registrada durante la discusión de la denominada "Ley Serrano".
Finalmente, Ciudadanos Observando llamó a los diputados locales a corregir las iniciativas antes de su aprobación y abrir el proceso legislativo a quienes utilizan las herramientas de transparencia para vigilar el ejercicio de los recursos públicos.
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