¿A cualquier costo? Necesidad permanente
De sobra es conocido que la misión de los abogados es ganar sus casos sea como sea y en con esa finalidad de llega a toda clase de artimañas y trucos legaloides. Chicanadas, patadas bajo la mesa e incluso mentir cuando es necesario.
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En el caso Rich se ha visto de todo. Desde autoridades estatales que nada más no informan qué han investigado sobre omisiones de sus funcionarios, porque en realidad no los han investigado, hasta los abogados del Ayuntamiento que simplemente manejan dos versiones sobre el trato con los deudos del caso: la publica de apoyo, comprensión y solidaridad, y la privada, la que se reservan para los tribunales y con la cual incluso de atreven a acusar a los padres de los fallecidos se ser responsables de su desgracia.
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Y es que mire usted, los documentos presentados ante tribunales y el testimonio del padre de una de las víctimas fatales del caso Rich contradicen el discurso público del Ayuntamiento capitalino.
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El padre de una las víctimas mortales, Rodrigo Espinosa Martínez, padre de Roy Espinosa mostró para Pulso, los escritos oficiales de la administración municipal donde responsabilizan a los propios jóvenes y a sus familias por la tragedia del 7 de junio de 2024.
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Lamenta, como todos, que mientras públicamente la autoridad municipal prometía “acompañamiento”a los deudos, los documentos entregados en el litigio cuentan otra versión. En la contestación oficial, el alcalde Enrique Galindo Ceballos negó cualquier responsabilidad de sus dependencias y calificó el relato de la familia como “producto de la inventiva”, atribuyendo los hechos a una supuesta “negligencia al interior del núcleo familiar”.
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No va solo, la postura municipal también quedó asentada en el oficio de la Dirección de Protección Civil Municipal, donde se afirma que el menor asistió “por propia voluntad” y que “no midieron el riesgo”, trasladando la responsabilidad a las víctimas y a sus padres por haberles permitido acudir. ¿Cómo la ve? Ya poco faltaba para que los multaran por causar daños en la plaza Alttus.
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Los documentos judiciales cuyas copias obran en poder de este medio, muestran que el antro no operaba en la clandestinidad, como ha sostenido desde siempre la autoridad. Existen licencias provisionales, vistos buenos y reportes de inspección entre 2022 y 2023 todo lo cual confirma que el Ayuntamiento conocía la existencia del establecimiento y permitió su operación a pesar de un cumulo de irregularidades. Es más, hasta la Contraloría Municipal documentó “omisión dolosa” en la Dirección de Comercio. Con razón el dolido padre de familia señala que “en público nos dijeron que estaban con nosotros… y en tribunales escribieron que fue nuestra culpa. Es una traición”.
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Pues ya no es una novedad que el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí necesite contratar a más de 16 elementos nuevos para llegar a cubrir, apenitas el 70 % de su operatividad .
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Menciona el comandante Adolfo Benavente Dique que por eso se requiere del recurso suficiente que les permita hacer los contratos de personal y mantener trabajando sus cansadas unidades.
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Optimista, menciona que en 2025 las cosas fluyeron bien, pero advierte que les es muy importante generar mayor cantidad de recursos para recobrar su capacidad de operación. Y en este contexto resulta por demás oportuno el comentario del presidente de Coparmex, Luis Gerardo Ortuño, quien señala que ya urge que el Congreso establezca en la ley que los cuerpos de rescate cuenten con el dinero suficiente para operar. Por ahora, el flujo de dinero depende de la “buena voluntad” de las autoridades municipales y de la estatal.
