Desplazados no son prioridad para el gobierno

Ciudad de México.- A pesar del aumento de personas que huyen de sus hogares, pueblos y estados a causa de la violencia que se vive en México, para el gobierno no es una prioridad promover y concretar una ley que proteja a este sector de la población que en cifras acumuladas en los últimos ocho años superaría los 100 mil mexicanos.

El Senado mantiene en la congeladora legislativa, desde septiembre de 2020, la minuta ya avalada en San Lázaro que crea la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, con lo cual no existe ni siquiera el reconocimiento del Estado y gobierno mexicano de la grave situación que viven miles de mexicanos que cada año huyen de sus hogares, principalmente a causa de la violencia del crimen.

Entre los puntos clave que considera la minuta congelada en el Senado, destaca la creación de un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional para prevenir, atender, y reparar a las víctimas; y un Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno.

En el caso del fondo nacional, la ley detenida marca la obligación de contar con los recursos económicos suficientes para la atención integral de los casos reportados.

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Sin embargo, para Janette Carrillo, coordinadora de la agenda de Desplazamiento en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la falta de una ley a nivel federal provoca además de la desatención a esta población que huye de la violencia, la ausencia de cifras oficiales sobre el número de desplazados.

Explica que el Programa de Derechos Humanos de la Ibero realiza un monitoreo y sólo cinco estados cuentan con leyes estatales para atender a los desplazados, los cuales son Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y recientemente se sumó el estado de Oaxaca.

El repunte del éxodo por la violencia del crimen organizado en el estudio Travesías Forzadas, desplazamiento interno en México 2024, elaborado por la Universidad Iberoamericana, señala que el año pasado se registró un incremento significativo respecto a 2023: de 12 mil 623 a 28 mil 900 personas desplazadas, lo que representa un aumento de 129%.

Este repunte responde a un contexto de creciente violencia y transformaciones políticas, con especial intensidad en estados como Chiapas y Sinaloa, donde se agravaron los enfrentamientos armados, las agresiones a comunidades y el deterioro de las condiciones de seguridad.