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Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

Videos muestran cómo personal carga los apoyos estatales en camioneta desde Villa Reyes

Por Rubén Pacheco

Junio 01, 2026 03:51 p.m.

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Foto: Especial

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      La sede del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa Reyes, resguarda decenas de despensas del programa Seguridad Alimentaria, cuyo esquema asistencial es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

      De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales y verificadas con residentes del municipio, se observan decenas de cajas de cartón con los distintivos del esquema alimentario de la administración estatal al interior de la cochera del inmueble, ubicado en el libramiento Villa de Reyes-San Felipe.

      Aunado a ello, videos tomados por ciudadanos exponen como personal partidista carga "a tope" una camioneta color blanca con los apoyos estatales, cuya unidad sale a toda velocidad de las instalaciones del PVEM.

      El párrafo noveno del artículo 134 de la Constitución federal precisa que los servidores públicos de los tres niveles gubernamentales tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, "sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".

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      Aunque la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla conductas delictivas que pueden configurarse con lo expuesto en territorio villerreyense, acota que estas solo se consideran durante un proceso electoral en desarrollo.

      Por ejemplo, el artículo 7 Bis advierte que se impondrá de 300 a 600 días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato.

      Así como a favor de partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción "durante el procedimiento de consulta popular".

      En tanto, el artículo 11 Bis, subraya que se impondrá de 500 a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales.

      Ello, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

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