Congreso, con tres meses para dictaminar "Ley Santi"
Colectivos de movilidad impulsaron la controversia para exigir una legislación integral en seguridad vial
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El Congreso del Estado deberá dictaminar en un plazo de tres meses la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) concluyó que mantuvo en omisión legislativa una propuesta que llevaba más de un año sin ser atendida.
La resolución de la autoridad electoral deriva de un juicio inscrito en el expediente TESLP/JDC/09/2026 promovido por colectivos ciudadanos que denunciaron la falta de trámite a la llamada "Ley Santi", entregada al Poder Legislativo desde marzo de 2024 y que, hasta ahora, no había sido sometida a discusión formal. El pleno determinó por unanimidad que esa inactividad vulneró el derecho de los promoventes a iniciar leyes y participar en asuntos públicos.
El caso fue impulsado por cinco integrantes de colectivos de movilidad que llevaron la controversia ante la autoridad jurisdiccional tras advertir que el Congreso no había avanzado en la construcción de una legislación integral en materia de seguridad vial.
Al resolver el caso, el Tribunal dio por acreditada la omisión legislativa y ordenó al Congreso reactivar el procedimiento hasta su dictamen final, además de informar su cumplimiento en un plazo de cinco días una vez concluido el proceso. Sin embargo, se abstuvo de entrar al análisis de fondo sobre la armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al considerar que ese punto no corresponde a su ámbito de competencia electoral.
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Dicha iniciativa conocida como Ley Santi busca establecer un nuevo marco de seguridad vial en el estado con medidas como control de velocidad, infraestructura segura, fortalecimiento del transporte público y accesibilidad para personas con discapacidad.
El nombre hace referencia al activista Roberto Josué Rodríguez Santiago, y su discusión ha sido exigida por colectivos como Pedaleando SLP, Vida Sobre Ruedas y Coalición de Movilidad Segura, que acusan rezago legislativo frente a una obligación establecida en la legislación general desde 2022.
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