Muchas dudas, en foro sobre regulación de la IA
Expertos advierten sobre conceptos jurídicos abiertos y riesgos para libertad de expresión
Foto: Citlally Montaño-Pulso
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La discusión sobre una nueva regulación de Inteligencia Artificial en San Luis Potosí dejó sin una respuesta concreta una de las preguntas centrales para su aplicación, sobre quién determina cuándo una publicación genera "alarma pública" o altera la "paz social".
Aunque los especialistas convocados por el Congreso coincidieron en que las normas penales deben ser precisas y evitar conceptos abiertos, no establecieron un criterio específico para definir el límite entre una expresión protegida y una conducta que pueda ser sancionada.
Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que expresiones como "alarma social" son conceptos jurídicos indeterminados y deben reducirse al mínimo en cualquier legislación.
Explicó que existen 17 legislaciones estatales sobre inteligencia artificial en México y que varias confunden la regulación de la tecnología con la creación de delitos. Añadió que las entidades pueden sancionar delitos cometidos mediante inteligencia artificial, pero no regular la tecnología en sí, debido a que internet y las telecomunicaciones son materias de competencia federal.
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La discusión incluyó cuestionamientos sobre el riesgo de que una regulación para combatir la desinformación termine alcanzando expresiones en redes sociales.
El el foro, se planteó la posibilidad de que una mayoría política utilice este tipo de leyes para silenciar voces incómodas, mientras que la abogada Natalia Castillo cuestionó que la Ley Serrano operara con un tipo penal abierto y sin una definición precisa de la conducta sancionada.
Tras caída de la Ley Serrano, Héctor Serrano insiste en regular la IA
El diputado del PVEM defendió la iniciativa que impulsó y afirmó que ahora debe abrirse una nueva etapa de análisis con foros y opiniones de especialistas.
Señaló que, aunque la reforma se justificó como una medida para proteger a la sociedad, los procesos derivados de su aplicación fueron impulsados por servidores públicos que también se ostentaron como particulares y las personas detenidas fueron imputadas por extorsión.
El publicista Ulises Castillo retomó ese punto al preguntar quién determina qué constituye "generar alarma pública" o "alterar la paz social", y advirtió que, sin parámetros objetivos y verificables, una crítica política, una sátira o una investigación periodística pueden quedar sujetas a la interpretación de la autoridad.
Manuel Granados, abogado constitucionalista, respondió que los límites deben analizarse a partir de una jerarquía de bienes jurídicos y caso por caso, pero no ofreció un criterio distinto para establecer cuándo una expresión digital deja de estar protegida.
Villanueva sostuvo que una regulación adecuada requiere tipos penales que no admitan interpretaciones abiertas, una justificación social ajena al ejercicio de la libertad de expresión y consultas con especialistas antes de su aprobación.
El debate ocurre luego de la derogación de la Ley Serrano, que contemplaba hasta seis años de prisión por el "uso indebido" de inteligencia artificial y bajo la cual la Fiscalía abrió dos carpetas de investigación y llevó a dos personas ante un juez de control.
A la conferencia asistieron periodistas, abogados, ciudadanos y diputados locales, durante la actividad, el diputado Héctor Serrano Cortés, impulsor de la ley derogada se retiró sin emitir una respuesta ante lo expuesto.
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