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Niega RGC gasto de 67 mdp en transmisiones del Mundial, pero no aclara cifra

Aseguró que la cifra publicada es "totalmente errónea" y argumentó que se trata de documentos que posteriormente fueron reemplazados

Por Samuel Moreno

Junio 16, 2026 11:09 a.m.

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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó la información que señala que el Instituto Potosino del Deporte (Inpode) destinó 67.8 millones de pesos para la transmisión de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026; sin embargo, durante su respuesta no precisó cuál fue el monto total que efectivamente pagó la administración estatal por ese concepto.

      Luego de que se revelara la existencia de facturas relacionadas con la transmisión y organización de eventos públicos para proyectar encuentros del Mundial, el mandatario sostuvo que la cifra publicada es "totalmente errónea" y argumentó que se trata de documentos que posteriormente fueron reemplazados.

      No obstante, evitó detallar cuánto dinero se ejerció finalmente o presentar una cifra concreta que desmintiera el señalamiento.

      Gallardo Cardona aseguró que el Gobierno del Estado únicamente cubrió transmisiones en Ciudad Valles, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina, como parte de un paquete contratado para la realización de estos eventos.

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      Afirmó que los costos reportados no corresponden a lo efectivamente pagado, aunque no ofreció información adicional sobre los contratos o las cantidades liquidadas.

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      El mandatario también negó que existieran distintos proveedores involucrados en el servicio y señaló que una sola empresa opera las transmisiones a nivel nacional. Según explicó, las tarifas fueron similares para todas las entidades que contrataron este esquema, por lo que consideró imposible que los montos fueran distintos a los establecidos para el programa.

      Pese a sus cuestionamientos a la publicación, el gobernador centró su respuesta en desacreditar la cifra difundida y en señalar supuestas inconsistencias en las facturas exhibidas, sin aclarar públicamente cuál fue el costo final para las finanzas estatales ni responder a los señalamientos relacionados con las empresas beneficiadas por los contratos.