Huelga, propiedades y poder en Monte de Piedad
El paro pasó por tribunales, propuestas rechazadas y protestas contra el dirigente, señalado por su patrimonio.
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Durante 364 días, el conflicto del Nacional Monte de Piedad mantuvo cerradas más de 300 sucursales, enfrentó a la administración con el sindicato y terminó dividiendo a los propios trabajadores. En ese periodo, Arturo Zayún González recibió cuestionamientos por la prolongación del paro, exigencias de rendición de cuentas y señalamientos sobre un patrimonio inmobiliario millonario.
Pese a las protestas, llegó al acuerdo del 30 de septiembre como secretario general del gremio y fue quien anunció el levantamiento de la huelga.
La suspensión comenzó el 1 de octubre de 2025, por presuntas violaciones al contrato colectivo. Terminó cuando ambas partes aceptaron cumplir un dictamen integral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), después de más de 70 reuniones de negociación. La reapertura quedó programada para el 7 de octubre de 2026.
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La disputa por plazas y ascensos
El sindicato sostuvo que existían ocho violaciones al contrato colectivo, entre ellas el desconocimiento de las comisiones mixtas de Escalafón y Eficiencia, encargadas de intervenir en promociones y ascensos. La asignación de vacantes, mediante el procedimiento conocido como "boletinación", se convirtió en uno de los principales puntos del conflicto.
La administración rechazó esa interpretación. Afirmó que el nuevo sistema permitía postulaciones directas, capacitación y evaluaciones para cubrir las plazas, y acusó a la dirigencia de resistirse a perder el control de su asignación. También sostuvo que el sindicato había incumplido compromisos del convenio firmado después de la huelga de 2024.
La confrontación, por tanto, involucró el cumplimiento del contrato y las reglas para decidir quién obtenía una vacante o un ascenso.
Del respaldo de la base a la batalla judicial
En noviembre de 2025, un recuento dio respaldo mayoritario a la continuidad del paro: mil 408 trabajadores votaron a favor y 460 en contra, según la información publicada sobre ese procedimiento. El tribunal laboral calificó entonces la huelga como legalmente existente.
Pero el conflicto tomó otro rumbo en febrero de 2026, cuando un juez de distrito concedió un amparo a la institución y determinó la inexistencia de la huelga. El sindicato impugnó la resolución, por lo que las sucursales permanecieron cerradas mientras continuaba la disputa judicial.
El 24 de agosto, la Suprema Corte atrajo el asunto. La controversia consistía en determinar si el respaldo obtenido en el recuento podía subsanar la falta de un procedimiento sindical previo exigido por los estatutos para iniciar la huelga. Atraer el expediente no significó resolver a favor de alguna de las partes.
Propuestas rechazadas y trabajadores inconformes
Mientras avanzaban los recursos legales, Monte de Piedad acusó a la dirigencia de rechazar seis propuestas institucionales y tres de las autoridades, sin presentar una alternativa. En marzo pidió una salida mediante un dictamen obligatorio para ambas partes.
La STPS hizo un llamamiento el 2 de mayo para que administración y sindicato reanudaran las conversaciones con propuestas concretas. La dependencia informó que ambas partes atendieron la exhortación, aunque sus diferencias persistieron durante los meses siguientes.
La inconformidad también surgió entre empleados. En agosto, integrantes del sindicato independiente y otros trabajadores protestaron ante la Corte para exigir el regreso a sus labores. Denunciaron meses sin salario y cuestionaron a Zayún por no rendir cuentas sobre los recursos que manejaba la organización.
Zayún, por su parte, atribuyó la falta de solución al incumplimiento patronal. En mayo declaró que esperaba una propuesta viable de la administración para atender las ocho violaciones denunciadas.
Las propiedades bajo escrutinio
En medio del paro se difundió otro frente de cuestionamientos. Una investigación en noviembre de 2025, relacionó a Zayún y sus hermanos Roberto y Gustavo con al menos 17 propiedades en San Luis Potosí y Quintana Roo, cuyo valor conjunto estimó en más de 300 millones de pesos.
El reportaje, retomado por Forbes México, señaló diferencias entre precios declarados de adquisición y valores comerciales estimados, además de operaciones en efectivo. Entre los bienes atribuidos al dirigente figuraba una residencia de 450 metros cuadrados en Playacar, Playa del Carmen. También recogió denuncias sobre el alquiler para fiestas particulares de instalaciones del deportivo sindical en Ciudad de México.
Los señalamientos patrimoniales corresponden a investigaciones periodísticas y testimonios; las fuentes consultadas no acreditan una sentencia por esos hechos.
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El acuerdo llegó con el mismo dirigente
Las críticas no se tradujeron en un relevo al frente del sindicato durante el conflicto: Zayún participó como secretario general en el anuncio del acuerdo, junto con el director de Monte de Piedad, José Antonio Murillo Garza.
Según Zayún, la solución incluyó salarios caídos tabulares, vales de despensa, adeudos de aguinaldo y ahorro de 2025, además de un bono de 100 mil pesos por trabajador. La STPS confirmó el dictamen que puso fin al paro, pero no desglosó esas prestaciones en su comunicado.
Para los clientes, la institución anunció 45 días naturales sin cobro de intereses a partir del 7 de octubre, así como descuentos sobre los intereses del periodo de cierre, conforme al historial de cada usuario.
En San Luis Potosí, la reapertura comprende cuatro sucursales de la capital y una de Ciudad Valles. El regreso permitirá retomar operaciones después de un conflicto que terminó por negociación federal, con el mismo dirigente sindical y con cuestionamientos sobre su gestión y patrimonio que el acuerdo laboral no resuelve.
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